La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado, por unanimidad, otorgar el amparo previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, que había denunciado “continuo hostigamiento” al que estaba siendo sometido por parte de varios letrados en relación con la instrucción del denominado ‘caso Policía local’ o ‘caso Cursach’.
El órgano de gobierno de los jueces, después de estudiar las alegaciones de los abogados, ha decidido otorgar amparo al magistrado frente a la actuación de uno de ellos, Vicente Campaner, “instándole el cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional”.
Además, el CGPJ da traslado de su decisión al Colegio de Abogados de les Islas Baleares “por si, en el ámbito de su competencia, considerase preciso realizar alguna actuación en relación con la conducta del letrado”.
La Comisión Permanente ha considerado que, de todas las conductas descritas por el juez en su solicitud de amparo, reviste particular trascendencia la convocatoria por parte de Campaner de una manifestación que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre y cuyo objeto, según la comunicación que el letrado dirigió a la Delegación del Gobierno, era “reivindicar que se haga justicia deteniendo e inhabilitando” al magistrado y al fiscal adscrito al caso, a los que acusaba de haber manipulado e inventado pruebas para encarcelar a personas inocentes en el citado procedimiento judicial.
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