El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, pidió este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ley que establece la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como diversas medidas tributarias, ante el «bloqueo» de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Durante su intervención en la Cámara Baja, Montoro destacó que el Gobierno presentó dicho decreto ley para aprobar con carácter de urgencia cuestiones que tendrían que haber entrado en vigor el 1 de enero de 2018, como la subida del SMI, cambios en la ley del catastro inmobiliario, o la prórroga de los límites cuantitativos en la estimación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
«El Gobierno hubiera preferido que las cosas hubiesen discurrido por su cauce ordinario, mediante la ley de PGE, pero nos hemos encontrado en una situación de efectivo bloqueo dirigido a impedir el normal desarrollo de la gestión política», afirmó el ministro en referencia a la imposibilidad de lograr los apoyos necesarios para aprobar las cuentas públicas de 2018.
En este sentido, Montoro acusó a los grupos de la oposición de mantener «argumentos políticos completamente ajenos a la cuestión presupuestaria», impidiendo con ello sacar adelante los Presupuestos, y les pidió anteponer el interés general al partidista. «El deseo del Gobierno es que en las próximas semanas esa mayoría sea posible» añadió.
Así, el ministro señaló que el contenido del decreto está formado por «iniciativas de urgente aprobación con el objetivo de beneficiar la buena marcha de nuestra economía y al conjunto de la sociedad española».
En concreto, el decreto establece la subida del SMI para el periodo 2018-2020, con un incremento del 4% en 2018, 5% en 2019 y 10% en 2020, de forma que en este último año el SMI alcanzaría los 850 euros mensuales en catorce pagas. Este incremento año a año se produciría siempre y cuando la economía española lograse en cada ejercicio un crecimiento del 2,5% del PIB y la creación de 400.000 empleos.
Por otra parte, el decreto ley también incluye los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018, una medida que el Gobierno considera «necesaria dado que contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales» y que ha sido solicitada por 1.830 municipios. En este sentido, el ministro destacó su repercusión inmediata en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e indicó que sin su aprobación los ayuntamientos no podrán cumplir con sus previsiones presupuestarias.
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