El Banco de España cree que es «necesario» que las comunidades autónomas cumplan «de manera estricta» las condiciones presupuestarias que imponen los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica, de Facilidad Financiera y del Plan de Pago a Proveedores, todos ellos concedidos por el Estado a partir del año 2012, «para evitar incentivos a políticas presupuestarias inadecuadas».
La institución ha publicado una nota sobre el acceso a la financiación de los mercados por parte de las autonomías. Según concluyen sus autores, cabe esperar a medio plazo «un papel más activo» de las comunidades en la captación de fondos, dado que han mejorado las condiciones macroeconómicas y financieras, están cumpliendo los objetivos de estabilidad y esos fondos de financiación como el FLA tienen un carácter «excepcional».
«En todo caso», añade el Banco de España, mientras estén en vigor estos mecanismos de liquidez para las CCAA «resulta necesario que se apliquen de manera estricta los elementos explícitos de condicionalidad con los que estos cuentan sobre la actuación presupuestaria».
La nota hace un repaso de la deuda que tienen las comunidades autónomas. Su publicación coincide con el debate abierto sobre la quita de parte de esta deuda con el Estado que reclaman algunas autonomías, que la vinculan a una situación prolongada de infrafinanciación. El Banco de España no menciona sin embargo este asunto.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha negado por su parte la posibilidad de quitas, pero ha abierto la puerta a reestructurar esa deuda mediante medidas como la ampliación de los plazos de vencimiento o la bajada de los tipos de interés. El debate está sobre la mesa en el marco de la reforma del sistema de financiación.
Según los datos del Banco de España, el 56,1 por ciento de la deuda autonómica está en manos del Estado, cuando antes de 2012 este valor era «nulo». La administración central se ha convertido así «en la principal fuente de cobertura de las necesidades de financiación» de las autonomías.
De 2000 a 2017, el promedio de deuda del conjunto de las comunidades se acercó al 12 por ciento del PIB, aunque llegó a suponer el 24,7 por ciento en el tercer trimestre del año pasado; un 40 por ciento correspondía a valores representativos de deuda y el resto, a préstamos de entidades tanto privadas como públicas (fundamentalmente, el Estado). Por período de vencimiento, un 93 por ciento se financió a largo plazo.
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