El debate sobre qué hacer con la elevada deuda autonómica en manos del Estado (159.526 millones en el tercer trimestre de 2017) de cara a un nuevo modelo de financiación sigue abierto. La posibilidad de una quita técnica parece descartada tras el rechazo que los barones del PP de comunidades clave como Galicia o Castilla y León mostraron en la reunión mantenida el pasado martes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al considerar que premia a las regiones incumplidoras. Precisamente las que han necesitado más ayudas (Valencia, Murcia o Cataluña). Ante este panorama Hacienda se inclina ahora por una reestructuración que pasaría por perdonar los intereses de la deuda autonómica contraída a través de los mecanismos extraordinarios como el FLA o el Fondo de Facilidad Financiera.
Así se deduce de las palabras del ministro Cristóbal Montoro, que este jueves consideró que «no tiene sentido» que la administración central se financie «a través de intereses que vengan de deudas contraídas con el Estado», en referencia a estos fondos puestos a disposición de las comunidades para hacer frente a servicios básicos de educación, sanidad o protección social. Además, el titular de Hacienda insistió en un acto de la Confederación de Jóvenes Empresarios (CEAJE) en que esta fórmula «no debe crear agravio comparativo territorial alguno». Es decir, que afectaría a todas las comunidades.
De esta forma se aplicaría a los préstamos concedidos a través del FLA a las regiones que incumplen alguna meta de la ley de estabilidad (déficit, deuda o periodo de pago a proveedores) o al Fondo de Facilidad Financiera al que acuden las comunidades cumplidoras. En total, desde 2012 y hasta 2017 el Gobierno ha inyectado 190.028 millones a través de estos instrumentos extraordinarios.
La ida de establecer un interés a tipo cero no es nueva. De hecho, ya se ha aplicado. En 2015 se llevó a cabo una reestructuración de la deuda autonómica que implicó no cobrar intereses a las comunidades acogidas al FLA durante ese ejercicio. Además, se les perdonó los intereses de los préstamos concedidos desde 2012. Por su parte, las autonomías que se adhirieron al Fondo de Facilidad también disfrutaron de un tipo al 0% en 2015 y han podido hacerlo en los dos ejercicios siguientes siempre y cuando hayan cumplido con los objetivos de estabilidad. Unas medidas con las que Hacienda estimó que las comunidades se ahorrarían 5.811 millones.
Por tanto, lo que ahora plantearía el Gobierno sería una medida similar. Al mismo tiempo se podrían alargar los plazos de vencimiento. Otra posibilidad, aunque más controvertida, sería que el Estado asumiera parte del principal de la deuda autonómica. Algo que se parecería más a una quita, aunque de cara a los mercados no supondría cambios, ya que ese pasivo computaría en el Estado en vez de de en las comunidades.
El objetivo final es que estos mecanismos desaparezcan con la reforma del sistema de financiación y que las comunidades acudan a los mercados. En 2016 y 2017 ya lo hicieron siete regiones, según datos del Banco de España.
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