Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, quiere impulsar la reforma del sistema de financiación con una triple propuesta. Por un lado, pretende abordar una reforma tributaria de los impuestos que dependen de las comunidades; por otro pretende simplificar el actual sistema que es “complejo, opaco y con problemas de equidad y eficiencia”, en palabras de los expertos que recibieron el encargo de presentar una propuesta para revisar el sistema. Y, por último, y quizá el elemento más importante, es que estudia cómo aligerar la pesada carga de la deuda que acumulan las comunidades.
Vayamos por partes. Una de las cuestiones que más preocupa a los dirigentes regionales es la deuda pública de sus administraciones, que les pega un bocado en sus gastos al tener que pagar intereses y que les obliga a obtener recursos adicionales para saldar los vencimientos que se van produciendo. En 2012 se desató la peor tormenta del último periodo de crisis. Los mercados financieros cerraron el grifo a las comunidades, que acumulaban déficits insostenibles. Las autonomías no encontraban quien les prestase dinero para financiar sus deudas.
En ese momento, el Ejecutivo puso en marcha el plan de pago a proveedores, una línea de crédito en condiciones ventajosas para que las autonomías pudieran liquidar las facturas que tenían en los cajones. A este mecanismo le sucedió el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), otra línea de crédito con bajos tipos de interés, para que las comunidades hicieran frente a los vencimientos de la deuda que tenían con los bancos y pagaran otras facturas pendientes.
En los últimos seis años, las autonomías han tomado prestados más de 231.000 millones de euros de estos fondos ofrecidos por el Estado central. Dos de cada tres euros que deben son con la Administración central. Así se entiende el debate suscitado entre los presidentes regionales que, como el valenciano Ximo Puig, reclaman una quita de esta deuda. Achacan ese pasivo financiero a que están peor financiadas que el resto. Por eso, dicen, el Estado debería compensarles.
Otras autonomías, como Madrid, Galicia o Andalucía, rechazan la condonación total de la deuda porque aducen que ellas han gestionado mejor y se han endeudado menos. Con la quita resultarían menos favorecidas que las más hipotecadas.
Frente a cada argumento en un sentido u otro, existe una réplica. Es un debate interminable. Por eso, Montoro busca un camino intermedio que contente a todos: planea una reestructuración de la deuda autonómica, que permita ampliar los plazos de devolución y reducir, al mismo tiempo, los intereses para rebajar la carga financiera que tienen que soportar las autonomías. La idea es aplazar a unos 50 años la deuda que mantienen con el Estado. Incluso se plantean un periodo de carencia para que en los próximos años las autonomías no tengan que amortizar esos compromisos. Sería una deuda casi perpetua.
Según explican fuentes gubernamentales, Cataluña tiene que hacer frente a unos vencimientos de unos 5.400 millones de euros este año. Si se retrasan esas letras, se dejaría un espacio presupuestario para que las comunidades puedan aprovechar para aumentar su gasto social o las inversiones, precisan en el ministerio. La cuestión es cómo hacerlo sin “agravios”. No es lo mismo cambiar las condiciones de los 70.909 millones que debe Cataluña o los 53.756 que tiene comprometidos con el Estado la Comunidad Valenciana que los 4.728 que suma Madrid. Pero eso, dicen en las oficinas del ministerio ubicado en la calle de Alcalá, se resolverá tras una negociación política. No obstante, aclaran que habrá que determinar qué parte de ese pasivo financiero corresponde con una infrafinanciación real y cuál con despilfarro o mala gestión.
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