El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrecerá a la oposición el próximo miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados una reforma de la financiación de las prestaciones de la Seguridad Social para poder subir las pensiones en el futuro más allá del 0,25%. Una reforma que, entre otras cosas, permita que pensiones como las de viudedad, orfandad y otras prestaciones como las de maternidad y paternidad se alimenten con impuestos, para dedicar estrictamente las cotizaciones a las de jubilación o incapacidad contributivas.
De hecho, la separación de las fuentes de financiación consiste en dedicar las cotizaciones sociales a estas últimas pensiones por ser las más numerosas, las de mayor gasto y las que mejor responden al esfuerzo contributivo. Es decir, a la equiparación entre la cotización a la Seguridad Social durante la vida laboral y la pensión percibida en la jubilación. El gasto total en las pensiones contributivas superó el año pasado los 120.000 millones de euros, de los que 86.800 millones se deben a las de jubilación.
Sin embargo, las de viudedad están a continuación de las pensiones de jubilación por volumen de gasto. Su importe fue el año pasado de 21.370 millones de euros. El Gobierno propone que los impuestos fiscales, y no las cotizaciones sociales, financien estas prestaciones. Eso sí, dejando muy claro que los derechos de los 2,3 millones de beneficiarias, fundamentalmente, no cambian para nada. De hecho, el PSOE puede tener muchos recelos con esta propuesta. La prestación media de las beneficiarias es de 652 euros mensuales.
Incluso, el Ejecutivo espera a una eventual aprobación de los presupuestos para subir un 17% las pensiones de viudedad más bajas en tres años, hasta 2020. Aumentar su cuantía del 52% al 60% de la base reguladora; de la cantidad que hubiese tenido el cónyuge originador de la pensión, si no hubiese fallecido. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social tramita la normativa para desarrollar esta prestación. Hay que tener en cuenta que las pensiones de viudedad son las que tuvieron una ayuda media más alta en 2017, con 245 euros mensuales, para poder llegar a la cuantía de la pensión más baja de la Seguridad Social en este capítulo. Es lo que se conoce técnicamente como complementos a mínimos. Precisamente, desde 2013, los impuestos financian estas ayudas, y en 2017 ascendieron a 7.200 millones de euros.
Otras pensiones que pueden cambiar de financiación de las cotizaciones sociales a los impuestos son las de orfandad. 340.000 personas, menores de 25 años, reciben esta prestación, con un importe medio de 382,8 euros. El gasto total de estas prestaciones en 2017 fue de 1.830 millones de euros. Pero, además, la Seguridad Social tiene otras muchas prestaciones que tienen que ser analizadas para decidir si corresponden a las cotizaciones sociales o a los impuestos. Con la maternidad, la paternidad, riesgo de la lactancia y otras muchas. Todo ello, sin reducir la protección de los trabajadores.
El Gobierno también estudia que los impuestos financien las ayudas al empleo estable, en lugar de las cotizaciones sociales. Cada año suponen un coste de 1.500 millones de euros. Por último, Rajoy también puede ofrecer el miércoles a la oposición que las cotizaciones sociales dejen de financiar los gastos de la administración de la Seguridad Social, que ascienden a 1.800 millones de euros.
No obstante, para el Gobierno es imprescindible que todas las medidas sean acordadas dentro del Pacto de Toledo, la Comisión parlamentaria que está abordando la reforma del sistema de pensiones para los próximos años. El Gobierno no quiere quedarse sólo en esta cuestión, dada la trascendencia política y social de esta cuestión. Hay que tener en cuenta que, al final, son las manifestaciones masivas de pensionistas en toda España, en protesta por la escasa subida de sus rentas, las que han obligado a Rajoy, empujado por la oposición, a comparecer el miércoles en una sesión monográfica sobre pensiones en el Congreso de los Diputados.
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