La Comisión Europea tiene previsto aprobar el próximo miércoles (21 de marzo) un plan legislativo para aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas del sector digital y garantizar que pagan parte de sus impuestos en los países donde cuentan con mayor número de usuarios y donde generan los mayores beneficios.
La propuesta incluye un nuevo impuesto a las empresas digitales que superen un determinado umbral de facturación (el borrador del proyecto lo cifra en 750 millones de euros) y un determinado umbral de ingresos por los servicios digitales prestados en la UE (el proyecto habla de una horquilla de entre 10 millones y 20 millones).
El plan completo plantea una solución definitiva al problema de la elusión impositiva a través de una directiva que permita a los Estados aplicar el impuesto de sociedades a empresas que no tengan presencia física en su territorio.
«Sin embargo, una reforma de las normas del impuesto sobre sociedades llevaría tiempo y hay una gran presión política de los Estados miembros para adoptar medidas a corto plazo con un alcance más limitado», señala el documento elaborado por el departamento de Pierre Moscovici, comisario europeo de Fiscalidad.
El año pasado, las cuatro grandes economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) ya reclamaron con urgencia un «impuesto igualador» para evitar que las empresas digitales trasvasen los ingresos de sus mercados hacia países donde apenas pagan impuestos como Irlanda o Luxemburgo. Bruselas teme que cada país adopte su propia solución para frenar la hemorragia fiscal. «Para evitar una acción unilateral de los Estados y preservar el mercado único, es necesario que la Comisión actúe», señala el documento de Moscovici.
Moscovici propone una solución rápida consistente en establecer un impuesto (deducible del de sociedades) para todas las empresas del sector digital, incluidas las europeas, que superen los umbrales de facturación previstos. Bruselas quiere que el tipo de imposición sea el mismo en toda la UE y sugiere una horquilla de entre el 1% y el 5%, por lo que la propuesta definitiva podría situarse en el 3%.
El potencial de recaudación, con un gravamen del 5% podría llegar hasta los 7.800 millones de euros al año, según datos citados por Financial Times. Con el 3% se quedaría en 4.800 millones. El impuesto se calcularía a partir de los ingresos obtenidos por las empresas por dos tipos de servicios.
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