La Agencia Tributaria recaudó el año pasado 14.792 millones de euros por la lucha contra el fraude fiscal, un 0,6% menos que el ejercicio anterior. Esta cifra incluye las actuaciones directas de Hacienda contra el fraude tributario, la diferencia entre las devoluciones fiscales solicitadas por los contribuyentes y las realmente abonadas por el fisco y las regularizaciones extemporáneas realizadas por empresas y particulares de forma voluntaria y sin que medie un requerimiento de la Agencia Tributaria.
Por actividades directas de control, la Agencia Tributaria recaudó 9.505 millones, un 0,3% menos. Por la minoración de devoluciones, otros 4.715 millones, un 2,7% menos. Por declaraciones extemporáneas, el capítulo más volátil, Hacienda obtuvo 571 millones, un 13,3% más.
El presidente de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, pidió que no se ponga solo el foco en los números y que se reconozca la “meritoria” labor de los funcionarios. Destacó que Hacienda realizó 117.380 actuaciones nominales de comprobación e investigación, un 8,3% más. Esta actividad generó una deuda liquidada de 5.378 millones, un 1,3% más. De este importe, el 42% procedió de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Hacienda rechaza la idea de que el fisco se centre en los fraudes de menor cuantía.
En el año 2017, la Agencia Tributaria puso en marcha un plan de control del IVA que consistía en impulsar las actuaciones presenciales destinadas al control in situ en sectores que se consideran de especial riesgo. Se incrementaron los peinados de Hacienda un 35%. Estas inspecciones presenciales deberán dar frutos en años posteriores, sin embargo, Hacienda destaca que ya se ha producido un efecto inducido. Los negocios inspeccionados han incrementado un 10% el importe de sus declaraciones de IVA.
La Agencia Tributaria también ha puesto en marcha programas informáticos que rastrean la red y realizan un uso intensivo de la información a partir del big data en busca de indicios de fraude. Ello permite hallar indicios de planificaciones fiscales agresivas, sociedades interpuestas o detectar a contribuyentes con símbolos externos de riqueza que no se corresponden con lo declarado. Estas medidas han permitido liquidar una deuda de 332,8 millones.
Durante la presentación de los resultados contra el fraude, Menéndez destacó especialmente la caída de la deuda pendiente de cobro, que asciende a 42.365 millones. El importe se redujo en 3.500 millones en 2017. La Agencia Tributaria destaca que el descenso es una consecuencia del endurecimiento de las normas antifraude, que facilitan adoptar medidas cautelares e investigaciones patrimoniales, embargar bienes, endurecer los aplazamientos o exigir responsabilidades a terceros distintos del deudor principal.
Hacienda aprobó el año pasado 4.100 medidas cautelares como embargos para evitar vaciamientos patrimoniales. Es decir, la Agencia Tributaria se anticipa para evitar que los contribuyentes con deudas se deshagan de sus bienes.
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