Los portavoces de los principales grupos políticos del Congreso se han reafirmado en sus desacuerdos, a pesar de sus acuerdos, en la necesaria reforma de la Justicia. Esta ha sido la tónica en el debate entre los representantes en la Comisión de Justicia de PP, Mª Jesús Moro, PSOE, Juan Carlos Campo, Ciudadanos, Ignacio Prendes, y Podemos, Mª Gloria Elizo, en el marco del Foro Debate Procuradores «La reforma de la Justicia, ¿no merece un acuerdo?» celebrado en la sede del Consejo General de Procuradores. Esta es la cuestión que ha vertebrado las distintas intervenciones de los representantes políticos y del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha intervenido en primer lugar, tras la apertura del director del Foro Debate, Josep Duran i Lleida, para exponer la línea que va a seguir el ministerio.
En este sentido, Catalá ha anunciado que el Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados antes de su ruptura, que lamentó, y que trabajará para impulsarlas con los colectivos profesionales y los grupos parlamentarios que quieran sumarse. El ministro se ha mostrado convencido en que, dada la necesidad de dar respuesta a los retos que se plantea la Justicia, se logrará, si no acuerdos globales, si acuerdos puntuales, porque, además, enfatizo, cuentan con el aval de las asociaciones del sector.
Recordó que durante los trabajos de la Subcomisión intervinieron hasta 33 expertos y profesionales del sector. Poniendo en valor este gran trabajo de base, el Ministerio va a tratar de desarrollar los acuerdos alcanzados, trabajando codo con codo con los profesionales, porque, como manifestó el ministro, aún queda tiempo para la política. «No pensamos en las urnas y en darle la extremaunción a esta legislatura», afirmó rotundo el ministro.
En esa línea, Catalá ha anunciado una serie de objetivos legislativos para este año. Durante el primer semestre se ha comprometido a desarrollar la regulación de la Orden Europea de Investigación, contar con una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, y a impulsar las reformas del Código Penal necesarias para transponer directivas europeas a nuestro derecho en el ámbito financiero (para sancionar conductas de abuso en el mercado) y en la lucha contra el terrorismo.
De cara al segundo semestre del año, el ministro ha señalado que es intención de su departamento reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para agilizar los tiempos de respuesta y que sea más eficaz en la persecución del delito; que la Fiscalía cuente con un nuevo Estatuto Orgánico que atienda a las necesidades formativas, operativas y profesionales del Cuerpo; y trabajar en un nuevo Código de Comercio y en la revisión del derecho español de obligaciones y contratos.
El ministro ha expresado también su voluntad de alcanzar acuerdos en materia salarial y en los ámbitos formativos y de promoción profesional de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y todos los funcionarios de la Administración de Justicia. Ha anunciado su intención de traer al ámbito de la Administración de Justica el pacto recientemente alcanzado por los sindicatos para los funcionarios públicos, que supone una subida salarial de hasta un el 8,8% en tres años. En este contexto, el ministro cree imprescindible abordar una serie de medidas como, por ejemplo, incluir un sistema de retribuciones variables (por objetivos o planes) para incentivar a los profesionales.
Mencionó que el descenso de los asuntos ingresados no se ha reflejado en una mayor tasa de resolución. También considera necesaria la modificación del sistema de retribuciones por guardias en la Administración de Justicia, para que se adecuen al grado de responsabilidad que desempeñan cada uno de los funcionarios. Por último, manifestó su intención de trabajar en la homologación de salarios de los funcionarios del ‘territorio Ministerio’ con los de las distintas comunidades autónomas con competencia en esta materia.
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