El Gobierno aprobará este martes la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2018, que incluirá una rebaja del IRPF para las rentas más bajas, una subida de las pensiones mínimas y de viudedad, una mejora de las condiciones laborales y salariales de los funcionarios, la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y un aumento de la partida para becas de estudio.
En concreto, dará ‘luz verde’ a las cuentas públicas de 2018, las séptimas del Gobierno de Mariano Rajoy, en un Consejo de Ministros extraordinario, tras haber ido retrasando su aprobación desde el mes de septiembre por la falta de apoyos ante la minoría en la que se encuentra el Ejecutivo en la Cámara Baja y por la crisis política en Cataluña.
Tras su aprobación, el Gobierno presentará el libro amarillo de las nuevas cuentas públicas en el Congreso el martes siguiente, el martes 3 de abril, con lo que se dará inicio a su tramitación parlamentaria que se prolongará alrededor de tres meses. Durante el mes de abril se producirán las comparecencias de los altos cargos en el Congreso y el debate de totalidad, previa presentación de las enmiendas a la totalidad y al articulado, y previsiblemente en mayo se producirá su aprobación en el Congreso, para llegar en junio al Senado y continuar su tramitación hasta su aprobación definitiva a mediados de ese mes.
Para ello, el Ejecutivo cuenta con el apoyo de sus socios de investidura y de los partidos que ya respaldaron los PGE de 2017 y el techo de gasto para este año, paso previo necesario para la aprobación de los PGE. En concreto, el Gobierno da por seguro el apoyo del PP y Ciudadanos, especialmente después de que la senadora ‘popular’ Pilar Barreiro comunicase el viernes su voluntad a la Mesa del Senado de abandonar el Grupo Parlamentario Popular e incorporarse al Grupo Mixto, una condición exigida por la formación naranja. También confía en recabar los apoyos del PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro mostró el «convencimiento» del Gobierno de que se aprobarán los Presupuestos, ya que confía en recabar los apoyos suficientes durante los tres meses de tramitación parlamentaria de las cuentas públicas en el Parlamento.
El Gobierno aprobó en julio de 2017 el límite de gasto no financiero para 2018, conocido como techo de gasto, que sube un 1,3%, hasta los 119.834 millones de euros. Poco después el Senado dio luz verde a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020 que acompañan a las cuentas públicas.
Junto a los PGE se revisará el cuadro macroeconómico. Como consecuencia de la crisis catalana, el Gobierno rebajó en el plan presupuestario remitido en octubre a Bruselas sus previsiones de crecimiento para 2018, del 2,6% al 2,3%, al tiempo que elevó en una décima, hasta el 2,3%, su estimación de déficit. Ahora el pronóstico de crecimiento se elevará a al menos un 2,5% para este año.
En el borrador presupuestario, el Gobierno proyectaba para este año una disminución del gasto total seis décimas, hasta el 40,6% del PIB. En concreto, el gasto en Sanidad se reducirá del 6% del PIB de 2017 al 5,8% en 2018, el de Educación del 3,9% al 3,8% y el de protección social del 16,5% al 16,2%, aunque en términos absolutos en Sanidad y protección social se registrarán incrementos. A su vez, el gasto en servicios públicos generales bajará del 5,9% al 5,7% del PIB, en orden público y seguridad del 1,9% al 1,8%, y el de actividades recreativas, cultura y religión del 1,1% al 1%, mientras que subirá en Defensa, al pasar del 0,9% al 1%, y en asuntos económicos, del 3,7% al 3,8%, en tanto que se mantendrá en protección del medio ambiente (0,8%) y en vivienda y servicios comunitarios (0,4%).
Las nuevas cuentas públicas incluirán una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad y concentrarán las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias. Así, tras cerrar 2017 con un déficit del 3,07%, por debajo del objetivo del 3,1% comprometido con Bruselas, y con uno del 2,2% pactado para este año, el Gobierno llevará a cabo una rebaja del IRPF de unos 2.000 millones de euros, acordada con Ciudadanos, de forma que se reducirá el mínimo exento en el IRPF, que subirá de 12.000 a 14.000 euros al año para todos los contribuyentes.
A esto podría sumarse una rebaja adicional para los jubilados que perciben entre 14.000 y 17.000 euros de ingresos anuales. El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, aseguró que, después de que Rajoy eliminase el IRPF a todos los pensionistas con una pensión inferior a 860 euros al mes (12.000 euros anuales), el objetivo ahora era extender esa eliminación en el IRPF incluso hasta los 17.000 euros de pensión, si bien ningún miembro del Gobierno ha confirmado la introducción de esta medida.
Los PGE también incluirán las medidas recogidas en el acuerdo suscrito entre Hacienda y sindicatos, que contempla un marco plurianual de incremento salarial para los empleados públicos para los tres próximos años, con una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,9% y un máximo del 8,79%. También se mantiene la jornada semanal de 37,5 horas, pero se contempla la posibilidad de que cada administración pública pueda establecer en sus calendarios laborales otras jornadas ordinarias.
En materia de oferta de empleo público, se eleva al 100% la tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y al 75% en sectores no prioritarios, a lo que se añade una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto.
En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía autonómica y Policía local, la tasa de reposición sube al 115%. Además, los PGE incorporarán también el acuerdo del Ministerio del Interior con los sindicatos que contempla 1.207 millones en tres años para conseguir en 2020 la equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles y que, en la práctica, se verá reflejado en 2020 en un aumento medio de 561 euros en la nómina mensual de los policías y de 720 euros en la de los guardias civiles.
A su vez, se incluirá la bajada del IVA del cine del 21% al 10% y un aumento de 50 millones de euros para las becas y ayudas generales, hasta los 1.472,9 millones de euros, un 3,5% más que en 2017 y el mayor aumento desde 2014.
Igualmente, están previstas ayudas para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan pagar la guardería, que se articularán a través de un impuesto negativo y de un aumento de los permisos de paternidad de cuatro a cinco semanas a partir de 2018, según lo acordado por el Gobierno y Ciudadanos.
Otras medidas que podrían incluir los PGE son la tarifa reducida para los nuevos autónomos, el complemento salarial para jóvenes y las partidas para dependencia y pobreza infantil. También incluirán partidas para el Corredor Mediterráneo y otras infraestructuras, y un incremento de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas «muy por encima» de los 4.500 o 4.700 millones de euros sobre la financiación de este año.
Las cuentas públicas de 2018 también contendrán una subida de los valores catastrales para buena parte de los 1.831 municipios en los que se actualizarán las referencias de 2018.
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