Alquilar una vivienda nunca fue tan caro como lo es hoy. Como tampoco ha sido nunca tan lucrativo poner un piso en alquiler. Los precios siguen al alza y la rentabilidad para los inversores, también. Un 7,6% es lo que ha subido la media nacional, pero se ha rebasado el 16% en Sevilla, Tenerife o Valencia.
Los precios de la vivienda nueva y usada escalaron un 4,3% en el último trimestre de 2017, una subida demasiado marcada, según advirtieron ayer desde la Sociedad de Tasación, alcanzando un precio medio de 1.532 euros el metro cuadrado y que se ha acelerado considerablemente en apenas unos meses -en el último trimestre de 2016 subió un 0,3%- desde que el sector inmobiliario inició su recuperación en nuestro país.
La rentabilidad bruta de los alquileres también se está disparando. Ha alcanzado el 8,2% en el primer trimestre de 2018, devolviendo el ladrillo a una de las primeras posiciones, en cuanto a atractivo, como destino del ahorro de los españoles.
Madrid, con una rentabilidad del 7,46%, o Barcelona, con un 8,72%, son dos de los destinos en los que puede resultar más interesante poner una vivienda en alquiler, pero no son las ciudades en las que más está creciendo. Sevilla, Valencia y Santa Cruz de Tenerife encabezan, con mucha distancia, el ranking de este primer trimestre del año, con alzas del 17,7%, 16,7% y del 16,2%, respectivamente.
El informe Tendencias del Sector Inmobiliario de la Sociedad de Tasación establece un semáforo del riesgo que el inversor asume al poner en alquiler una vivienda según la comunidad autónoma. En el caso de Madrid, Valencia o Sevilla, el riesgo es casi inexistente, según este informe. La otra cara del riesgo la encontramos, sin embargo, en Cantabria, Huelva, Ávila o Teruel.
Para intentar contener el precio de los alquileres y evitar a toda costa que se produzca una burbuja en el sector, el Gobierno incluyó el mes pasado en el Plan Nacional de Vivienda un programa de ayudas destinado a estimular los alquileres, con ayudas directas a los menores de 35 años que podrían acceder hasta un 50% del precio, siempre que no supere los 600 euros [algo que prácticamente descarta las grandes ciudades], y los ingresos del solicitante no rebasen cuatro veces el IPREM (el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, que no sean superiores a 30.000 euros anuales.
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