Nuevos impuestos a los carburantes, cambios en las tasas que soportan las generadoras eléctricas, alzas en el IVA que pagan los usuarios o el canon que pagan las nucleares por gestión de residuos atómicos o su futuro desmantelamiento. Son algunas de las recetas que plantea el grupo de expertos a los que los distintos grupos parlamentarios encargaron la elaboración de un informe sobre la situación del sector energético y como abordar una transición ordenada hacia un mercado con menos emisiones contaminantes, en especial el CO2.
El informe, en el que han participado antiguos directivos del sector como Luis Atienza, está formado por catorce miembros, que han tardado seis meses en su elaboración. El documento se limita a describir posibles escenarios a futuro o planteamientos para el debate, pero no está dejando indiferente a nadie, porque toca de lleno las fibras más sensibles del sector energético.
Por ejemplo, llega a plantear que se podría crear un recargo al consumo de gasolina y gasóleo A que permita recuperar la inversión en la red de carreteras del país más los costes de mantenimiento. Esta idea, que ya funciona en otros países, se plantea en el informe no tanto como propuesta esencial, sino para demostrar el desequilibrio que existe ahora con respecto a las redes eléctricas y de gas, donde el coste no lo asume el Estado (como en la red de transporte por carretera) sino los usuarios.
Por otra parte, bajo la vieja idea del sector eléctrico de trasladar al transporte parte del coste de las emisiones contaminantes (el que contamina paga) el informe plantea subidas de más del 28% en el gasóleo, y de casi el 2% en la gasolina, al imponer tasas especiales por contaminación. Los transportistas de mercancía por carretera rechazaron ayer el «brutal» aumento del precio del gasóleo que proponen los expertos, según indicó la patronal del sector Fenadismer. La columna vertebral del informe es la fiscalidad, no solo en carburantes, sino en todo el sistema energético.
El documento llega a plantear una reforma global de la fiscalidad de la energía. No tanto para aumentarla, sino para cambiarla de sitio. El informe cifra en 18.943 millones de euros la fiscalidad que soporta ahora España en todo su consumo energético, tanto de electricidad, como de gas como de combustibles. La reforma fiscal que plantea el informe cifra la recaudación futura en 20.266 millones al año. A esta cifra habría que descontar 1.7002 millones en bonificaciones o en exenciones, para proteger a la industria o evitar la deslocalización, o para proteger colectivos sociales desfavorecidos.
Entre el escenario actual y el que se plantea a futuro solo hay 379 millones de euros de diferencia. Lo realmente distinto es de dónde se recaudan los impuestos, quién lo hace y a dónde iría el dinero. El documento plantea que se eliminen impuestos como la tasa por generación, el impuesto especial de hidrocarburos, o la tasa que cobran las comunidades autónomas. A cambio, propone un recargo por emisiones contaminantes, o para financiar carreteras, o para financiar renovables.
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