La Agencia Tributaria, que esta semana ha lanzado una campaña para recabar información en más de 60 entidades —16 grandes bancos, una decena de intermediarios y más de 40 empresas— sobre las cuentas y operaciones con criptomonedas. Hacienda cree que el impacto fiscal de estas actividades será mínimo; pero le interesa sobre todo conocerlas mejor para evitar el blanqueo de capitales, un riesgo cada vez más palpable.
Los requerimientos de información van dirigidos a la práctica totalidad del sistema financiero español. No porque el fisco crea que las entidades han cometido irregularidad alguna, sino para conocer a fondo a sus clientes que compran o venden bitcoins. También deberán responder casas de cambio, cajeros y otras empresas que acepten pagos en criptomonedas.
En Hacienda admiten que el mercado de las divisas digitales ha crecido mucho en los últimos meses, aunque sigue siendo muy pequeño. Pese a su reducido tamaño, crece la preocupación en torno a la posibilidad de que estas operaciones se usen para blanquear dinero u otro tipo de actividades criminales. La petición de información también debería ayudar a aflorar actividades susceptibles de ser gravadas, pero en la Agencia Tributaria no se hacen muchas ilusiones de lograr grandes cantidades de dinero gracias a las criptomonedas.
Después de que organismos como la CNMV o el Banco de España alertaran de los riesgos de invertir en bitcoins, Hacienda ha comenzado a reclamar información a decenas de bancos, intermediarios como casas de cambio y otras empresas. Una vez analizada la información que obtenga de estos requerimientos, fuentes de la Agencia Tributaria avisan de que estudiarán si inician o no nuevas operaciones de investigación y control de este polémico sector.
No es la primera vez que la Agencia Tributaria se interesa por los bitcoins. En 2015, ya envió requerimientos de información a empresas de las que quería saber más sobre sus actividades con criptomonedas. La diferencia es que la actual campaña para recabar datos afecta a muchas más entidades (más de 60) y las preguntas ahora son mucho más detalladas, explican en Hacienda.
La carta enviada hace tres años pregunta a sus destinatarios si “en el ejercicio de su actividad acepta bitcoin como medio de pago por los servicios / bienes entregados”. Si la respuesta era sí, entonces reclamaba información sobre “el volumen de las operaciones cobradas con bitcoin” o “información y soporte documental de la contabilización de las operaciones con bitcoin”. Entonces, se dio a las empresas consultadas un plazo de diez días hábiles para contestar y se les avisaba de que “la desatención total o parcial” del requerimiento podía ser “constitutiva de infracción tributaria y dar lugar al inicio del correspondiente expediente sancionador”.
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