“Injusto, cruel y anticonstitucional”. Así califican al Impuesto de Sucesiones desde la recién nacida Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones. Esta organización surgida de la unión de las plataformas de protesta en las comunidades autónomas en la que el tributo es más alto (Andalucía, Aragón y Asturias) ha decido dar un paso más en sus reivindicaciones ya asegura estar trabajando en una demanda contra las administraciones españolas, tanto nacional como autonómicas, que tienen previsto presentar próximamente ante la Justicia europea.
“Acusaremos a las administraciones públicas españolas de prevaricación, anticonstitucionalidad y violación de los derechos humanos básicos por mantener el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y aplicarlo de manera injusta y arbitraria” ha explicado en rueda de prensa Juan Carlos Valverde, uno de sus portavoces. Esta es solo una de las medidas que tienen previstas para presionar “todo lo posible” a los políticos ante la inminente cita electoral local y autonómica.
También están trabajando en elevar sus quejas a la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea y al Parlamento Europeo. “Creemos que puede prosperar porque la Unión Europea ya ha condenado a España por atentar contra la libre circulación de capitales y la libre elección de residencia”, explica Juan Carlos Valverde. Además, considera que pueden hacer valer argumentos como que hay trato discriminatorio entre ciudadanos de un mismo país.
Mientras consiguen armar su estrategia judicial, prevén, emular las protestas de los jubilados, sacando a los afectados del impuesto de sucesiones a la calle en función del calendario electoral en línea con las protestas que ya han llevado a cabo en diferentes comunidades.
“A pesar de las rebajas y reducciones al impuesto, todas ellas bien publicitadas por los políticos para detener una protesta popular creciente que les puede hacer daño en las urnas, el impuesto sigue vivo”, asegura Valverde.
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