CEPYME y Consejo General del Notariado han interpuesto un recurso en la Audiencia Nacional contra la Orden 319/2018, de 21 de marzo, del Ministerio de Justicia (publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de marzo), por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, y que requiere la identificación de las personas físicas titulares de acciones o participaciones de las empresas.
Según aseveran ambas organizaciones, se trata de un «serio atentado al derecho a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios», por lo que solicitan ante el tribunal, como medida cautelar, la inmediata suspensión de la misma. La mayoría de sociedades mercantiles debe aprobar sus cuentas antes del 31 de mayo, por lo que llevarán a cabo su presentación ante el Registro Mercantil a lo largo del mes de junio.
En un comunicado emitido esta tarde, el Notariado y CEPYME subrayan que la Orden somete a los titulares de alguna acción o participación societaria a una serie de «riesgos gratuitos», derivados de permitir el acceso a su identidad a «cualquier persona o, por qué no, delincuente, que solo tendrá que solicitar una sencilla certificación al Registro Mercantil».
La obligación, explican, «no tiene razón de ser y pone en riesgo el sistema español de identificación de los titulares reales de las sociedades jurídicas». Un modelo, aseveran, reconocido internacionalmente e imprescindible en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El recurso presentado no se dirige contra la totalidad de la Orden, sino solo contra la regulación del nuevo formulario en el que debe manifestarse la identificación del titular real de la sociedad.
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