El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, aseguró hoy que el organismo encargado de recaudar los impuestos y perseguir el fraude cuenta cada vez con herramientas más sofisticadas y mayores fuentes de información para conocer las tripas de las empresas. «Estamos abocados al gran hermano», avisó durante unas jornadas sobre fiscalidad organizadas por Deloitte.
La obligación para las grandes compañías de presentar el informe país por país, que aglutina información sobre la actividad de las empresas en cada uno de los territorios en los que actúa, o el acuerdo FATCA que implica el intercambio automático de información entre administraciones tributarias son algunos de los elementos que permiten a la Agencia Tributaria ejercer un control más exhaustivo sobre las compañías, especialmente las de mayor tamaño.
Menéndez se mostró favorable a “profundizar” en la relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las grandes empresas, pero también recordó que ello siempre dentro de marcos reglamentarios reconocidos. “No entiendo por relación cooperativa nada que no se pueda escribir”, aclaró. Rechazó así los pactos que algunos países europeos sellaron con las tecnológicas para rebajar su factura tributaria. En España existe el llamado Foro de Grandes Contribuyentes, que es el órgano de debate entre Hacienda y las grandes empresas.
Ante un auditorio formado por asesores y consultores, Menéndez se mostró decepcionado ante los profesionales que acusan a la Agencia Tributaria de utilizar criterios equivocados en los casos en los que existen discrepancias. Señaló que igual o más expertos son los profesionales de la Agencia Tributaria que los asesores tributarios. En este sentido, apuntó que el 67% de las sentencias en materia fiscal en los Tribunales Contenciosos-Administrativos son desestimados, es decir, no dan la razón al contribuyente. En los casos de los delitos fiscales que la Agencia Tributaria lleva a la vía penal, el 75% de las sentencias acaban siendo condenatorias.
El Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a Bruselas contempla que España recaudará ya este año 600 millones por fijar un nuevo gravamen a las multinacionales tecnológicas (la llamada tasa Google) y 1.500 millones adicionales en 2019. Menéndez aseguró que la Agencia Tributaria está capacitada para lograr esa recaudación en un sector empresarial donde las posibilidades de deslocalización son elevadas y donde buena parte de la facturación deriva de elementos intangibles.
Tanto la OCDE como la Unión Europea mantienen grupos de trabajo para buscar fórmulas para gravar la economía digital, sin embargo, los avances en este campo siempre son lentos. Por este motivo, el director general de Tributos, Alberto García Valera, recordó que países como el Reino Unido ya han aprobado unilateralmente un Google tax o, en Francia, un Youtube tax. Estos son los nombres populares con los que han sido bautizados los tributos dirigidos a elevar la aportación fiscal de las grandes tecnológicas en estos Estados.
España, siempre y cuando cumpla lo comprometido en su Programa de Estabilidad, se sumará al grupo de países que han buscado fórmulas unilaterales para gravar la economía digital. Valera apuntó que buena parte de la actividad de las cinco empresas más grandes del mundo (Apple, Amazon, Microsoft, Google y Facebook) consiste en que desde direcciones IP de países como España se participa en el fomento de valor de determinados servicios como la publicidad online, la intermediación o la propia venta de datos. En lo que trabaja Hacienda es en encontrar una fórmula que permita a través de la fiscalidad indirecta que este tipo de actividades generen ingresos fiscales.
Valera también recordó que se está ultimando la directiva que obligará a colectivos como abogados y asesores a informar en un plazo de 30 días a la Agencia Tributaria de las recomendaciones fiscales que hagan a sus clientes y que tengan la consideración de «agresivas» por la normativa.
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