El Consejo General del Notariado y la patronal Cepyme han interpuesto este lunes un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Justicia del 27 de marzo que aprobó los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de las empresas.
En la orden se dispone que las personas jurídicas obligadas al depósito anual de cuentas en el Registro Mercantil tienen la obligación de identificar a las personas físicas que son titulares reales de acciones o participaciones de las mismas.
Cepyme y los notarios entienden que ello entraña un “serio atentado al derecho a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios”. A su juicio, el “gravísimo impacto” que la orden puede tener sobre el derecho a la intimidad de los cientos de miles de españoles que son titulares de alguna acción o participación societaria o que han constituido una pyme para desarrollar su actividad económica, y los “gratuitos riesgos” a los que se les somete, aconsejan la suspensión de su eficacia hasta que el proceso haya sido definitivamente fallado.
Las organizaciones, que recuerdan que en España hay 1.291.317 pymes, han solicitado, como medida cautelar, la inmediata suspensión de dicha orden en lo relativo a la inscripción del titular real en el Registro Mercantil, dado que la inmensa mayoría de sociedades mercantiles de España aprobarán sus cuentas antes del 31 de mayo, y que durante el siguiente mes de junio habrá de realizarse su depósito en el citado registro.
Una vez se realice este depósito, todas las titularidades reales -las personas físicas propietarias- de los casi 3,5 millones de sociedades mercantiles existentes en España, incluyendo las sociedades familiares, se encontrarán “plenamente accesibles a cualquier persona o por qué no delincuente”, que solo tendrá que solicitar una sencilla certificación al Registro Mercantil.
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