España se ha convertido en un asunto recurrente para los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tras dictar algunas sentencias clave en los últimos años sobre las cláusulas suelo o la capacidad de los jueces para interrumpir una ejecución hipotecaria, la Corte de Luxemburgo tiene pendiente pronunciarse sobre otros cinco asuntos clave de los préstamos españoles: los intereses de demora, el uso del índice IRPH, la venta de créditos a fondos buitre, el efecto de las prácticas desleales o el incumplimiento del código de buenas prácticas y las cláusulas que permiten a la banca iniciar el desahucio del deudor. Solo este último asunto copará la agenda del TJUE de esta semana con la celebración de cinco vistas diferentes sobre distintas cuestiones de esta condición en solo dos días.
El apartado en cuestión se denomina cláusula de vencimiento anticipado, y es la que habilita a prestamista a iniciar la ejecución de la hipoteca ante determinado umbral de impagos del cliente. La banca española solía incluir una condición draconiana que le permitía impulsar los desahucios ante el impago de una única cuota. Aunque en la práctica no solía aplicarse, y lo normal es que las entidades pasaran meses negociando con el cliente antes de iniciar el procedimiento para adjudicarse el inmueble, los jueces dejaron claro que la mera inclusión de este articulado debía anularse por su abusividad.
El aluvión de sentencias en contra llevó al Gobierno a elevar de una a tres cuotas impagadas el umbral desde el que la entidad puede ejecutar el crédito en la reforma hipotecaria de 2013. Sin embargo, la doctrina europea acabó tumbando también esta opción estableciendo que para iniciar un desahucio la mora en que incurra el deudor debe ser sustancial respecto al conjunto del préstamo.
A fin de acabar con esta polémica, la nueva reforma hipotecaria que tramita el Congreso de los Diputados, impulsada por el Gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, prevé elevar el umbral de ejecución al impago del 2% del préstamo, o nueve cuotas, en la primera mitad de vida de la hipoteca, o 12 meses a deber o el 4% del monto financiado, en la segunda. La cifra está en cuestión, y el PSOE propone que el desahucio no sea posible hasta alcanzar al menos un impago del 5%, pero sea cual sea el umbral definitivo el Ejecutivo tiene intención de establecer la nueva cláusula con carácter universal y retroactivo para evitar nuevos litigios al respecto.
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