La CE advierte, sin embargo, que el objetivo de déficit para este año se incumplirá por dos décimas y se irá hasta el 2,4%. El ajuste presupuestario, además, se quedará por debajo de lo exigido «por un amplio margen».
El dictamen presentado por el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, no valora la reciente decisión del Gobierno de aplazar los recortes en el sistema de pensiones. Aun así, el departamento de Moscovici ya detecta una ausencia de ajustes que llevarán a un deterioro del déficit estructural de hasta ocho décimas en el período 2016-2018.
Y Bruselas advierte que los datos definitivos podrían ser peor de los esperados porque sobre las cuentas pesan varias incógnitas. Por un lado, la consecuencia de los rescates de las autopistas quebradas, cuyos costes el Gobierno cifra en dos décimas porcentuales de PIB. Pero, según la CE, «el impacto final es difícil de valorar y no se puede excluir que sea mayor».
Por otro lado, la CE señala que el Gobierno aspira a cumplir los objetivos de déficit gracia a la buena marcha de la economía (2,3% de crecimiento). Bruselas comparte e incluso supera ese optimismo (2,5%), pero añade que esa previsión no incorpora el posible impacto de la crisis en Cataluña, todavía por calibrar.
Pero la CE ha preferido pasar de puntillas tanto sobre la desviación como sobre el cambio de rumbo en la sostenibilidad de las pensiones. Dombrovskis se ha limitado a indicar que «nunca recomendamos dar marcha atrás en las reformas de las pensiones y esperamos que esas reformas se mantengan». Un suavísimo toque de atención, que España, con toda probabilidad, se permitirá ignorar.
La CE también ha aprobado las recomendaciones macroeconómicas para cada país. En el caso de España, Bruselas incluye la necesidad de llevar a cabo un ajuste presupuestario estructural equivalente al 0,65% del PIB, una demanda ligeramente superior a lo habitual, pero cuyo cumplimiento no será requerido, en principio, para cerrar el expediente de déficit excesivo.
Bruselas también reclama a España medidas para paliar reducir la fragmentación del mercado laboral (entre contratos fijos y temporales), combatir el abandono escolar, y paliar la desigualdad económica y el número de trabajadores por debajo de umbral de pobreza. La CE también insiste en la urgencia de que España mejore el control y transparencia de la licitación pública.
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