El Gobierno quiere aprobar una batería de reformas de justicia con un importante impacto económico, como son la reforma hipotecaria, la ley de regulación de secretos comerciales, la protección de datos o la “obra magna” de crear un nuevo código de comercio.
Una agenda que, no escondió, está a expensas de la supervivencia de un Gobierno a la moción de censura presentada por el PSOE o a la petición de elecciones anticipadas de Ciudadanos, tras la sentencia condenatoria del caso Gürtel.
“Sería muy lamentable que ese tipo de proyectos y tantos otros en marcha no viesen la luz por intereses partidistas”, ha sostenido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que considera injustificado que la oposición trate de menoscabar al Ejecutivo por una sentencia que solo condena al PP como beneficiario a título lucrativo. “Son múltiples proyectos legislativos que están en marcha. Ojalá tengamos tiempo político, parlamentario, suficiente para llevarlos a buen puerto”, reclamó.
Catalá ha avanzado que una de las reformas más ambiciosas que ultima el Ejecutivo es la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la modificación del Estatuto del Fiscal, que confía en impulsar a la vuelta del verano. El plan supondría modernizar el modelo español y permitir que los fiscales instruyan investigaciones, bajo la supervisión de los jueces, lo que entre otras cosas acabaría con el nuevo sistema de plazos de instrucción limitados.
Catalá también ha puesto el acento en la importancia de la reforma hipotecaria que busca reducir la litigiosidad hipotecaria y transponer la directiva europea que España lleva dos años de retraso en implantar. El ministro ha admitido que la Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE que multe a España por esta demora y ha recordado que si la aprobación no se acelera “es una posibilidad” que el país sea sancionado con hasta 100.000 euros por día de retraso.
Pero la “obra magna” de las reformas pendientes de Justicia, dijo Catalá, es el desarrollo de un nuevo Código de Comercio, que adapte la economía al nuevo mercado digital. El objetivo, explican desde el Ministerio, es «abordar su definición en el marco de la revisión de nuestro Derecho de Obligaciones y Contratos, con medidas que permitan sistematizar la actual normativa dispersa y heterogénea, o regular de manera expresa algunas figuras que hoy carecen de ese marco, como el merchandising o el bartering».
Además, el ministro ha recordado que el Ejecutivo trabaja en un texto refundido de la ley concursal o en el impulso definitivo de la nueva ley de protección de datos, así como en la ley de regulación de secretos empresariales que transponga la regulación europea y que Catalá presentó al Consejo de Ministros el pasado viernes.
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