Un dato que siempre es polémico debido a las diferentes categorías de jueces profesionales existentes en los países de la Unión. En el caso de España, los indicadores no incluyen a los Letrados de la Administración de Justicia, cuya labor realizan los jueces en otros Estados. Nuestro país dispone de 12 jueces por cada 100.000 habitantes, un dato que no varía desde 2014, frente a los casi 45 de Croacia. Solo por detrás de España: Francia, Italia, Malta, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
El informe recoge también la presencia de mujeres juezas en las distintas instancias. España alcanza el 60% en primera instancia, pero no llega al 50% en los tribunales de segunda instancia. Nuestro vecino Portugal nos supera ampliamente en juezas de primera instancia y Francia en los tribunales de segunda instancia. Estamos aún muy lejos del 80% de países como Eslovenia, donde los jueces y magistrados son mayoritariamente mujeres. La situación es claramente mejorable en cuanto a la presencia de la mujer en las Cortes Superiores, donde tan solo alcanza algo más del 13%, situándose a la cola de Europa tan solo superado por Reino Unido. En el primer puesto, Rumanía con más del 80% de mujeres en los tribunales superiores; Grecia y Francia alcanzan el 50%.
España es uno de los países europeos que tienen una mayor ratio de abogados por habitantes, en concreto 300 letrados por cada 100.000 habitantes, lo que significa 3 abogados por cada 1000 ciudadanos, una cifra sensiblemente inferior a la del año 2015. Una cifra solo superada por Chipre, Luxemburgo, Grecia e Italia. Por atrás, Suecia y Letonia con apenas 50 abogados por cada 100.000 habitantes. Holanda y Francia cuentan con 100 abogados por cada 100.000 habitantes.
El gasto en justicia desciende, y ronda los 80 euros por persona, frente a los 200 de países como Luxemburgo, o los 150 de Alemania. Tomando de referencia el año 2010, en el que la inversión estatal estaba próxima a los 100 euros por persona, en 2016 la cifra es más cercana a los 80 euros, cantidad sensiblemente inferior a la invertida en 2015. Si el gasto en juzgados y tribunales se mide respecto al PIB, España mejora algún puesto, situándose el gasto entre el 0,3 y 0,4% del producto interior bruto.
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