María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla desde 2004, es la nueva fiscal general del Estado en sustitución de Julián Sánchez Melgar, quien ha estado solo seis meses en el cargo. Segarra, con una buena relación con la ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, pertenece a la Unión Progresistas de Fiscales y era una de las principales candidatas a ocupar el puesto con el nuevo Ejecutivo socialista. El nombramiento, confirmado por diversas fuentes, se hará oficial en las próximas horas.
Segarra, de 54 años, fue nombrada fiscal jefe de Sevilla en 2004 con Cándido Conde-Pumpido al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) por encima de otros candidatos como el exconsejero de Justicia andaluz Emilio Llera. Entonces tenía 41 años y se convirtió en una de las fiscales jefe más jóvenes de España y en una de las primeras mujeres en llegar a ese cargo.
Desde entonces se ha mantenido al frente de la esta fiscalía provincial andaluza en los dos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y los de Mariano Rajoy. Fue renovada por última vez en 2015 bajo el mandato de Consuelo Madrigal en la FGE, que se decantó por ella frente a otros candidatos de perfil teóricamente más afín al PP. Su mandato estaba previsto que alcanzara hasta 2020.
Mujer sobria y de ideas progresistas, a Segarra le gusta mantener un perfil bajo, poco dada a salir en los medios de comunicación, aunque defensora de informar con transparencia cuando la ocasión lo requiere. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, aprobó las oposiciones a fiscal en 1987 y desde 1993 permanece en la capital andaluza.
La nueva fiscal general comenzó ejerciendo en Barcelona de la mano de Carlos Jiménez Villarejo. El pasado mes de abril fue designada al igual que Delgado miembro del Consejo Fiscal, que es el órgano consultivo que asesora al fiscal general del Estado.
Durante su candidatura al Consejo Fiscal, Segarra destacó la importancia del despliegue territorial de las fiscalías, del desarrollo digital -que actualmente presenta importantes carencias- y llamó la atención sobre las escasas plantillas en las secretarías de las fiscalías.
Entre los candidatos que habían sonado, para ocupar la Fiscalía General del Estado figuraban el fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Pedro Crespo y otros fiscales también de la UPF, entre ellos Sofía Puente y Álvaro García. También habían sonado en diferentes círculos el exmagistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez y la actual miembro de la Sala de lo Penal de este órgano, Ana Ferrer.
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