Después de 12 horas de negociación entre el Parlamento Europeo, la Comisión y los Gobiernos de los 28 esta madrugada se ha llegado a un acuerdo sobre la directiva de energías renovables, que debe servir de guía para la transformación del sistema energético europeo para los próximos años. Finalmente, se ha acordado que el 32% de toda la energía final consumida en la UE en 2030 deberá ser de origen renovable. Es un punto intermedio entre la posición de partida de los Gobiernos de los 28, que propusieron un 27%, y la de la Eurocámara, que pedía un 35%.
El acuerdo incluye también, según fuentes del Parlamento Europeo, la creación de un fondo para el desarrollo de energías renovables que ayude a las comarcas carboneras de Europa. El carbón para generar electricidad se perfila como el gran perdedor de la lucha contra el cambio climático debido a los gases de efecto invernadero que expulsa cuando se quema. Y algunos países muy dependientes de este combustible (como Polonia) pedían ayudas como compensación para sus zonas mineras. En España, algunas áreas de Asturias y Castilla y León, también se podrán beneficiar.
El objetivo general del 32% para 2030 es un punto de entendimiento entre los Gobiernos de los 28 y el Parlamento Europeo. Ahora esa cuota europea ronda el 17%. Pero más allá de la meta concreta para 2030 es importante que se haya incluido una revisión (al alza) en 2023. Ese objetivo deberá aumentar si se requiere para que Europa cumpla con los compromisos del Acuerdo de París o si la reducción de costes de las tecnologías renovables hace que sea más fácil ser más ambiciosos.
Lo que no se ha logrado, por la oposición frontal de los Gobiernos desde el principio de la negociación, es incluir objetivos individuales para cada Estado, como los que existen ahora. Estos objetivos son un arma de presión para los Gobiernos, que se ven examinados en el cumplimiento de esas metas por la opinión pública. La Comisión sí elaborará informes sobre los esfuerzos de cada país y lo que contribuyen al objetivo general de 2030. Pero solo serán indicativos.
«Este acuerdo es una victoria duramente trabajada para desbloquear el verdadero potencial de la transición de Europa hacia una energía limpia. Esta nueva ambición nos ayudará a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas energéticas más baratas para los consumidores y menos importaciones de energía», ha celebrado en Bruselas el comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
En representación de la posición de la Eurocámara en esta negociación ha estado el parlamentario europeo del PSOE José Blanco, quien ha celebrado también el pacto alcanzado esta madrugada: «Nos va a permitir cumplir con el Acuerdo de París». Blanco también ha resaltado la importancia para España del fondo para la «transición justa» en las comarcas afectadas por el cierre del carbón.
Finalmente, las cargas al autoconsumo (con sistemas de paneles solares en los hogares, por ejemplo) como el llamado impuesto al sol estarán vetadas en la UE hasta al menos diciembre de 2026. A partir de ese momento, según señalan fuentes de la negociación, los Estados podrán decidir si las incluyen atendiendo a una serie de parámetros fijados para que el sistema eléctrico pueda sostenerse económicamente.
Además, se establece una cláusula por la que se fija como derecho recibir una remuneración de acuerdo con el valor de mercado por la energía que se vierta a la red. Y también se fija que los paneles en una vivienda o conjunto de viviendas pueden ser propiedad de un tercero, siempre según las mismas fuentes negociadoras. En el pacto a tres bandas se ha incluido también un apartado sobre interconexiones entre Estados; se fija un objetivo del 15% para 2030.
La supresión de trabas como el impuesto al sol ha sido aplaudida por las organizaciones ecologistas, como Greenpeace. «Acabar con estas medidas era una de las exigencias centrales de Greenpeace y de la sociedad civil recogidas por el Parlamento Europeo durante las negociaciones», ha resaltado la organización ecologista.
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