Los sindicatos siempre se han mostrado totalmente contrarios a la reforma laboral de 2013 y, ahora, tras el cambio que se ha producido en el Gobierno, consideran que se ha abierto un escenario propicio para derogar la legislación que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Así lo dejó claro ayer Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que afirmó que «no hay nada que merezca la pena mantener de la reforma laboral, ningún elemento positivo».
Por ello, durante su intervención en el seminario que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, aseguró que «hay que derogar las reformas laborales del PP». En una línea similar se expresó Unai Sordo, responsable de CCOO, y quien descartó que el fuerte ritmo de creación de empleo y afiliación se deba a esta reforma. Éste era un argumento recurrente del Ejecutivo de Rajoy, pero en opinión de Sordo existe «una cierta trampa conceptual».
«La reforma laboral no explica la creación de 500.000 afiliados que se ha producido durante los años de recuperación, lo explica el crecimiento económico. En 2016, por ejemplo, dos terceras partes del crecimiento de la economía se debió a causas externas. Lo que realmente ha hecho la reforma laboral es devaluar los salarios», afirmó. Por ello, los representantes sindicales exigieron al Gobierno que busque los apoyos parlamentarios necesarios para modificar la legislación vigente. Por ahora, el Ejecutivo se ha mostrado favorable a realizar cambios, pero no a derogar totalmente la reforma, tal y como el propio PSOE había pedido cuando estaba en la oposición.
Pero esto para los sindicatos es totalmente insuficiente, y por ello han pedido al Ejecutivo que elimine los «elementos de empobrecimiento y la rebaja de las cotizaciones» que ha provocado la reforma. Precisamente sobre la situación de la Seguridad Social, Álvarez dio la bienvenida a la posible creación de un impuesto para financiar el sistema, pero consideró que hay herramientas que se pueden introducir inmediatamente y que tendrían un impacto muy importante.
«Dejar de cargar a la Seguridad Social las bonificaciones, la tarifa plan para los autónomos, el propio coste de la estructura de la Seguridad Social debería pasar a los PGE o destopar las cotizaciones», resumió el responsable de UGT. Sobre este mismo aspecto, y unas horas antes, la ministra de Industria, Reyes Maroto, había reconocido que el Gobierno estudia un posible impuesto a la banca. Junto a ella se encontraba el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, quien le advirtió de que una figura de este tipo sería «un error» y encarecería el crédito.
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