El pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó por destopar la cotización para incrementar los recursos de la Seguridad Social y también así lo estudiaron ayer en el seno de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que analiza la reforma de las pensiones.
Pero ¿qué supondría eliminar estos topes de cotización? Actualmente, los empresarios y los trabajadores aportan a la Seguridad Social el 28,3% del salario de cada trabajador –el 23,6% lo abona el empresario y el 4,7%, el trabajador–; es lo que se denomina cotización por contingencias comunes. Y lo que se recauda con dicha cotización–algo más de 10.000 millones de euros cada mes– conforma la principal fuente de financiación del sistema de pensiones. No obstante, este tipo de cotización del 28,3% no se aplica a la totalidad de los salarios de los trabajadores, sino que tiene un suelo mínimo y un techo máximo que cada año fija la ley.
Así en 2018, la base mínima de cotización de los trabajadores asalariados está fijada en 1.199 euros y la máxima en 3.751,20 euros al mes (poco más de 45.000 euros anuales). De esta forma, toda la parte del salario que ahora mismo supere dichos 45.000 euros no cotiza a la Seguridad Social. Esto es, ni el empresario ni el trabajador aportan nada por las cantidades que exceden.
En contraprestación, las pensiones máximas también están topadas, de forma que no pueden superar un límite que también se fija cada año por ley. En 2018, la pensión máxima es de 2.580,1 euros al mes. Lo que propone el nuevo Gobierno socialista es eliminar dicho tope máximo y que empresarios y empleados coticen por la totalidad del salario que perciben.
En términos monetarios, solo aplicar el tipo de cotización del 28,3% a la parte de los salarios que ahora no cotiza supondría elevar la recaudación de la Seguridad Social en 4.400 millones de euros anuales. O lo que es lo mismo, esta medida que persiguen los socialistas supondría elevar un 25%, en términos agregados, el coste laboral que se paga por aproximadamente el 15% de los trabajadores que están por encima de la base máxima y ganan, por tanto, 45.000 o más euros al año.
Desde el PP, su portavoz en el Pacto de Toledo y ex secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, que citó ayer algunos de estos cálculos, alertó también de que este incremento del coste laboral recaerá plenamente sobre los trabajadores más cualificados (los que cobran más), lo que podría penalizar un cambio del modelo productivo. Asimismo, otras fuentes consultadas consideran que este aumento podría traducirse en un recorte de salarios de los más cualificados o en un ajuste de empleo de los que menos cobran para costear el encarecimiento de quienes ganan más.
Camps también reclamó que si se destopan las bases máximas, también habría que “modular” las pensiones máximas. Según explicó, para mantener la contributividad del sistema (que la cuantía de la pensión responda al esfuerzo de cotización realizado) habría que destopar o aumentar las pensiones máximas. “De lo contrario, dejaría de ser un sistema contributivo para ser un sistema confiscatorio”, advirtió ayer.
Dentro del Pacto de Toledo solo Podemos apoya que este destope se produzca sin cambios en la pensión máxima. El resto de grupos estudiará cuánto deben aumentar las prestaciones máximas si se destopan las cotizaciones. Ahora, los perceptores de una pensión máxima reciben unos 20 puntos menos de pensión de lo que les correspondería por lo cotizado. La clave será fijar un margen para que esta correlación baje, pero no mucho más. El destope de las bases máximas sin subir la pensión máxima supondría que estos trabajadores recibirían el 50% menos de lo que les correspondería.
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