La crisis laboral y salarial que sufre el sur de la Zona euro desde 2010 ha inundado de españoles, italianos y griegos la lista de aspirantes a funcionarios comunitarios, hasta el punto de que ya suponen casi el 50% del total de aspirantes a la escala técnica del organismo.
Las alarmas se han disparado y la CE ha elaborado un informe (fechado el 15 de junio) en el que alerta sobre el riesgo de un desequilibrio geográfico crónico en la composición de su plantilla. Bruselas, que ya ha intentado sin éxito frenar la avalancha, anuncia medidas para limitar la presencia de ciertas nacionalidades en las listas de reserva de personal del organismo.
La amenaza de númerus clausus se cierne sobre los tres países del sur que encabezan la tasa de paro del club europeo: Grecia, 20,6%; España, 16,1%; e Italia, 11%, frente a una media del 7,1% en la UE y una cota de menos del 4% en Alemania u Holanda.
Bruselas teme que, dentro de 15 años, cuando los nuevos eurócratas lleguen a puestos de dirección, resulte difícil nombrar un alto cargo que no sea de origen meridional. La Comisión lleva meses haciendo campaña entre los países del norte para que aumente el número de aspirantes a eurócratas y contrapesar así la presencia masiva de españoles, italianos y griegos. Pero sin éxito, de momento, según reconoce el citado informe
«Si las tendencias observadas durante los últimos ocho años se confirman en el futuro, no es probable que los desequilibrios actuales se absorban de forma natural y, además, algunas nacionalidades podrían estar infrarrepresentadas en las generaciones venideras», avisa el informe de la CE.
El análisis del documento se centra en las escalas de funcionarios con mayores responsabilidades técnicas y de dirección (AD, en la nomenclatura comunitaria), porque de ese grupo salen los altos cargos de la jerarquía europea.
En teoría, en ese tramo se aplican de manera más estricta que en el resto las normas sobre equilibrio geográfico para garantizar, según el informe, que «la Comisión cumpla uno de sus objetivos fundamentales, es decir, estar cerca de los ciudadanos y reflejar la diversidad de los Estados miembros». Pero a pesar de los esfuerzos de Bruselas por evitarlo, la escala técnica refleja cada vez menos la diversidad geográfica y, cada vez más, la realidad económica del continente.
Entre 2010 (cuando estalló la crisis del euro) y mediados de 2017, los aspirantes españoles a un puesto de la escala AD5 (arranque del escalafón de la escala técnica) han sido más de 27.000 frente a los 17.000 de Alemania (con casi doble de población) o los 19.000 de Francia. La desproporción es mucho mayor en el caso de Italia (49.000 opositores) o de Grecia (18.000, más que Alemania con una octava parte de población).
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