Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de este año se realizaron 6,4 millones de horas extraordinarias a la semana. Y de éstas, 2.838.000 (un 44% del total) no se pagaron ni se compensaron de ninguna manera. Según Eurostat, el sueldo medio por hora de cada trabajador español es de 21,20 euros, por lo que se dejaron de abonar más de 60 millones de euros en salarios a la semana.
Ha habido momentos en los que este porcentaje ha sido mayor. De 2012 a 2017, las horas extra impagadas superaron a las compensadas de acuerdo con la ley. Y aunque en el último año y medio esta tendencia se ha revertido, la cantidad de trabajo fuera de horario que no se paga sigue siendo estable. «No son horas regaladas al empresario, son trabajos forzados», denuncia Luis Zarapuz, economista del gabinete técnico de Comisiones Obreras. «No son casos aislados; es una evidencia estadística de que las empresas prolongan la jornada de manera irregular».
«Es un robo a manos llenas a los trabajadores», denuncia Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, añadiendo que no son solo los asalariados los que salen perdiendo, sino a toda la sociedad, dado que estas horas tampoco se cotizan a la Seguridad Social, ni tributan a la Hacienda pública. «La crisis ha creado un ambiente de miedo que hace aceptar a los trabajadores condiciones casi esclavistas».
Pero para Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la CEOE, hay que tomar cierta distancia de los datos del INE. «No dejan de ser una encuesta», explica, «por lo que no tienen una fiabilidad total». Para la patronal las horas extras impagadas no suponen un problema ni tan grave ni tan generalizado como denuncian los sindicatos. «Según la memoria de la Inspección de Trabajo tampoco son tantas», explica García. Según el representante de los empresarios no habría horas impagadas «más allá de pequeñas bolsas», debido a su carácter ilegal y a que están convencidos de que éstas «no se pueden imponer y los trabajadores suelen aceptar hacer más horas porque van a cobrar más».
Fermín Yébenes, portavoz de la Asociación Progresista de Inspectores de Trabajo (APIT), cree que la patronal hace «un ejercicio de cinismo» al usar los datos de la Inspección. Porque, aunque el Estatuto de los Trabajadores regule y limite las horas extraordinarias en su artículo 35, el artículo 34 —que legisla la jornada laboral— no establece la obligación legal de registrar la duración de las horas de trabajo. Por tanto, los inspectores de Trabajo no pueden demostrar que se trabaje fuera de horario de manera generalizada, más allá de lo que puedan observar haciendo visitas puntuales. Yébenes afirma que todos los inspectores de trabajo creen en la conveniencia de que la ley establezca «un registro obligatorio, fiable, indubitado y común a todas las empresas», como lectores de huellas dactilares, que permitan registrar de manera efectiva las horas trabajadas.
Para el portavoz de los inspectores, la legislación actual no permite perseguir esta práctica y obliga al trabajador a realizar reiteradas denuncias, que a su vez le exponen a represalias y al despido. «Hay empresas que usan tarjetas magnéticas o lectores de huellas para todo, hasta para ir al servicio», explica Yébenes; «y sin embargo estas mismas empresas te dicen que no registran las horas trabajadas porque la ley no las obliga».
Powered by WPeMatico