La primera jornada de la cumbre europea en Bruselas ha logrado forjar un acuerdo sobre migración que prevé el reparto voluntario entre los países de la Unión Europea de las personas rescatadas en el mar y la creación de «plataformas de desembarco» en países terceros para devolver a África al mayor número posible de personas que intentan entrar de manera irregular en suelo europeo.
El texto aprobado también reconoce el incremento del flujo migratorio en el Mediterráneo occidental y anuncia que «la UE apoyará financieramente y con otros recursos todos los esfuerzos por parte de los Estados Miembros, especialmente de España, y de los países de origen y tránsito, en particular de Marruecos, para impedir la emigración irregular».
El acuerdo ha sido anunciado a las 4:34 de la madrugada de este viernes por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Y llegaba tras más de 13 horas de negociación en la que los 28 líderes de la UE trataban de encontrar una solución a las llegadas de emigrantes que se producen a través del Mediterráneo.
El pacto se ha visto forzado por Italia, cuyo nuevo Gobierno de 5 Estrellas y Lega ha cerrado los puertos a los barcos de rescate de la ONG, y por Alemania, donde el gobierno de Angela Merkel se ha visto amenazado por los conservadores bávaros (CSU) si no se alcanzaba una solución europea para controlar el flujo migratorio.
El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que debutaba en un Consejo Europeo, se ha mostrado satisfecho con los términos pactados. «Italia ya no está sola», ha declarado, tras una reunión en la que bloqueó el resto de conclusiones hasta que no se resolviese el capítulo migratorio.
La canciller alemana, Angela Merkel, también calificó como «buena señal» que se haya podido alcanzar un mínimo consenso, aunque su suerte dependerá de la valoración que hagan sus aliados de la CSU, que tienen previsto emitir este domingo su veredicto sobre la supervivencia del ejecutivo alemán. El acuerdo del Consejo, de entrada, les quita argumentos para provocar la caída de Merkel.
El presidente del Gobierno español, que se estrenaba en este Consejo Europeo, no ha ocultado que hubiera preferido una solución más ambiciosa. «No es el mejor de los acuerdos, pero es un acuerdo importante que camina en la dirección de continuar dando una perspectiva europea a un desafío que es europeo», ha señalado Pedro Sánchez a la salida de la larguísima reunión.
Sánchez ha agradecido la mención expresa a España y la prometida llegada de ayuda financiera para la gestión de las fronteras y del flujo migratorio. Pero no ha concretado la participación de España en el reparto voluntario de emigrantes irregulares, aunque sí ha adelantado que no tiene intención de crear nuevos centros de detención sino de utilizar las infraestructuras ya existentes. «España ya tiene todos los mecanismos en marcha», ha asegurado.
La delegación española era especialmente reacia a la creación de las plataformas de desembarco en países terceros, una fórmula planteada por el ala dura del Consejo (Dinamarca, Austria, etc.) y que finalmente se ha abierto paso, aunque a falta de conocer la disposición de los países del Magreb y del resto de África a colaborar.
Las conclusiones del Consejo piden a la Comisión que «explore de manera expeditiva» el concepto de esas plataformas como fórmula «para romper de manera definitiva el modelo de negocio de los traficantes». El acuerdo contempla que el trato de las personas devueltas a esas plataformas será «individualizado», para garantizar los derechos de las que puedan aspirar a solicitar asilo en Europa. Pero fuentes comunitarias aseguran que en el 90% de los casos se trata de emigrantes económicos que, en principio, no podrían ser clasificados como refugiados.
La UE aspira así a repetir la experiencia del acuerdo de Turquía, que se comprometió a aceptar el retorno de todas las personas que llegasen desde sus costas a suelo europeo de manera irregular y por cada uno de los retornados los países europeos reubicarían en su territorio a un refugiado presente en suelo turco. El acuerdo contribuyó a cerrar la ruta oriental del Mediterráneo a cambio de un programa de ayudas a Turquía de 3.000 millones de euros, en vías de desembolso.
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