El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) asegura que el impuesto a la banca que propone el Gobierno para aumentar la recaudación y costear una parte del pago de las pensiones dejará intacto, “como mínimo”, el 94% del beneficio de las entidades, por lo que apenas afectará a la solvencia del sector. Esta afirmación es contraria a la que mantiene el Banco de España. El subgobernador, Javier Alonso, ya explicó el pasado mes de junio que este impuesto afectaría, no solo al precio del crédito, sino que alteraría a la baja la rentabilidad del sector en un momento en el que los bancos deben ser rentables para captar capital y cumplir con los requisitos normativos.
Los técnicos de Hacienda, no obstante, reconocen que este tributo podría tener un “impacto mínimo” en la medida en que los accionistas de los bancos pueden ver reducido el pago de dividendos que está directamente relacionado con el resultado, lo que a la postre restaría ligeramente atractivo a la compra de acciones.
Gestha ha calculado que Hacienda podría ingresar entre 1.800 y 1.900 millones anuales con un impuesto a la banca similar, en términos de recaudación con respecto al PIB, al exigido en Reino Unido y Austria; y que conllevaría la aplicación de un tipo impositivo efectivo del 0,07% sobre el pasivo (en España es del 0,03% el porcentaje que a banca aporta para cubrir el Fondo de Garantía tanto nacional como el europeo) para que logre la capacidad recaudatoria que tiene el tributo británico, en el que podría estar inspirada la propuesta socialista. Los técnicos aclaran que si se llevara adelante este impuesto no produciría ningún tipo de doble imposición, puesto que el impuesto recaería sobre el pasivo, no sobre el beneficio de la banca.
El Gobierno ya tiene el rechazo de los bancos a un impuesto para sufragar las pensiones también por escrito. Las patronales AEB y CECA han remitido una misiva, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtiendo de los efectos «colaterales perjudiciales» que un gravamen de este tipo tendría sobre la economía española en general.
En especial, alertan de que dificultaría el acceso de las entidades a los mercados de capitales y afectaría de forma «muy negativa» a la solvencia del sector financiero español, que ha logrado desprenderse de las dudas sobre su salud que arrastraba tras el estallido de la crisis. En la carta, que tiene fecha del 5 de julio, las patronales muestran su «seria preocupación» por esta medida.
“Si bien los objetivos que se pretenden alcanzar se pueden compartir, la creación de nuevos gravámenes a la banca no constituye una solución adecuada, porque sería injusta y porque conllevaría efectos colaterales perjudiciales para la economía en general”, explica la carta, firmada por los presidentes de la AEB, José María Roldán, y de CECA, Isidro Fainé, con copia a la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Los principales argumentos del sector financiero son tres. Primero, se dificultaría aún más el acceso de las entidades al mercado de capitales, porque un impuesto sectorial supondría un “sobrecoste adicional”. También crearía una desventaja competitiva respecto a las entidades europeas y podría afectar de forma “muy negativa” a la solvencia del sector financiero español.
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