Más de medio año de retraso es demasiado incluso para la Comisión Europea, que este jueves ha comunicado su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el retraso en la trasposición de la normativa comunitaria que regula los mercados de instrumentos financieros, la llamada Mifid II. «Si los Estados miembros no transponen las normas, los inversores no pueden beneficiarse de la mayor protección que proporciona la Mifid II.
Esto incluye la salvaguardia de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios», recoge el comunicado emitido este jueves por las autoridades comunitarias. «También hace que los mercados sean menos seguros, ya que los centros de negociación y las empresas de inversión no tienen que operar con arreglo a requisitos operativos más estrictos y transparentes».
La norma debía estar completamente adaptada al ordenamiento jurídico nacional desde el pasado 3 de enero, fecha de su entrada en vigor para todos los países de la Eurozona, sin embargo, el anterior Gobierno no llegó a tiempo y sólo traspuso una parte de la misma, concretamente, la parte que afecta a los centros de negociación, algo que permitía al Ejecutivo cumplir con las exigencias mínimas y frenar las posibles sanciones.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó a comienzos de diciembre de 2017 un Anteproyecto de Ley que incluía las principales medidas de Mifid II, en un intento por dar muestras de su buena fe a la hora de cumplir con los preceptos europeos. Ese Anteproyecto fue enviado al Consejo de Estado, que debía emitir su dictamen para volver a enviarlo al Consejo de Ministros y de ahí, al Parlamento, donde Economía se comprometió a aprobarlo «en el plazo más breve posible». Casi ocho meses después, la norma se encuentra atascada en el Consejo de Estado, con los perjuicios que eso supone y de los que ahora advierte la Comisión Europea.
«No transponer plenamente estas normas de la UE perturba el mercado único […] El régimen de «pasaporte» transfronterizo de varias actividades y servicios de inversión podría no funcionar tan bien como entre los Estados miembros que ya han transpuesto en su totalidad las disposiciones», recoge su nota esta mañana.
La Comisión abrió en enero un procedimiento de infracción a España. Primero envió una notificación al Ejecutivo instándole al cambio; después remitió una Opinión Razonada y ahora ha llevado a cabo el tercero de los pasos que le quedaba pendiente: la denuncia ante el TJUE.
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