La sostenibilidad también se ha instalado en los mercados financieros y el punto de inflexión se sitúa con el Acuerdo de París de 2015, a través del cual 195 países se comprometían a frenar el cambio climático que provoca la actividad humana con sus emisiones de gases de efecto invernadero para evitar aumentar la temperatura de la Tierra en más de 2 grados centígrados.
Los fondos de inversión cada vez tienen más en cuenta los criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) y las empresas han pasado a integrar las estrategias de cambio climático en su gestión diaria. De hecho, la Inversión Socialmente Responsable (ISR) ha crecido en todo el mundo desde el año 2000. Según el Global Sustainable Investment Review, la inversión entre 2014 y 2016 ha pasado de 18,2 billones de dólares a 22,8 billones de dólares, lo que ha supuesto un aumento del 25%.
Mientras que en España la evolución de la ISR también ha sido destacada, teniendo en cuenta que en 2002 solo se gestionaban 80 millones de euros; en 2010, 33.000 millones de euros, y en 2016, 185.423 millones de euros, un 17% más que en 2015. Por otra parte, a nivel global hay 2.043 firmantes de los Principios de Inversión Responsable (PRI), impulsados por la ONU, en su mayoría bancos, gestoras o aseguradoras. En España ya se han comprometido 61 entidades con los PRI, cuando en 2016 eran 50 entidades adheridas.
Además, los bonos verdes y los bonos sostenibles emitidos por empresas y administraciones públicas se han empezado a hacer hueco en los mercados financieros, al igual que los créditos sostenibles. En 2017, Climate Bonds Initiative (CBI), cifró en 155.000 millones de dólares las emisiones internacionales en bonos verdes y prevé que en 2018 alcance entre los 250.000 a 300.000 millones de dólares. Además, de cara a 2020 la inversión se podría multiplicar por cinco y llegar a un billón de dólares.
En España hasta mayo de 2018 ya se habían emitido 4.550 millones de euros en bonos verdes, según un estudio de EAE Business School. Esta cifra de 2018 casi alcanza la de 2017, que fue de 5.000 millones, que supuso un crecimiento «muy significativo», aproximadamente de un 80%, pero lejos de las cifras de otros países europeos. Los bonos verdes y sostenibles tienen como principal característica que los fondos obtenidos se destinan a la financiación de proyectos sostenibles y socialmente responsables.
El Banco Europeo de Emisiones fue la primera entidad que impulsó el lanzamiento de bonos verdes en 2007. En España, Iberdrola fue la compañía pionera en emitir un bono de estas características en 2014. Desde entonces se ha convertido en uno de los mayores emisores privados de bonos verdes del mundo, habiendo realizado en solo tres años emisiones por valor de 6.700 millones de euros. Además, cerró el pasado mes de enero la operación de crédito sostenible más grande firmada hasta la fecha a nivel global, por un importe de 5.300 millones de euros.
Grupo Siro ha anunciado, recientemente, un crédito sostenible por valor 240 millones de euros. Financiación asegurada por Rabobank y Banco Santander que ha permitido a Siro flexibilizar los términos de su financiación actual, gracias a haber demostrado una sólida política de Responsabilidad Social y apuesta por la economía circular. Bajo los términos de la financiación sostenible, Grupo Siro se compromete a renovar la certificación de cero residuos a vertederos en todas sus plantas y a mantener una plantilla igual o superior al 10% de personas con discapacidad por el tiempo que dura el crédito sostenible, entre otros compromisos.
En julio de 2017, ING Direct firmó su primer crédito sostenible en España con Gas Natural Fenosa, ahora Naturgy, por importe de 330 millones de euros a cuatro años con la posibilidad de extenderlo durante un año adicional. En noviembre, la energética formalizaba la primera emisión de bonos verdes por 800 millones de euros, cuyos fondos se destinarán a financiar proyectos de energías renovables eólicas y solares.
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