El Gobierno ha convocado para la mañana de hoy un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que volver a aprobar los objetivos de déficit y deuda de las comunidades autónomas de los próximos años. Se trata del paso previo obligado a su aprobación, junto a la del techo de gasto de 2019, en el Consejo de Ministros del viernes. De ahí, la senda fiscal se remitirá al Congreso de los Diputados, por segunda vez después de que este votara en contra en julio, para tratar de abrir la veda al diseño de unos Presupuestos Generales con mayor gasto social para 2019.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los representantes autonómicos del ramo, se celebrará telemáticamente mediante comunicaciones por correo electrónico. El Gobierno tiene previsto presentar a las comunidades las mismas cifras que en la ocasión anterior. En concreto, el objetivo de déficit para las comunidades autónomas que propone el Gobierno de Pedro Sánchez es del 0,3% para 2019 (frente al 0,1% anterior, 2.500 millones más de gasto), del 0,1% en 2020 y alcanzar el equilibrio en 2020. A su vez, la senda fiscal pactada con Bruselas para el conjunto de las administraciones implica un déficit del 1,8% para 2019, del 1,1% para 2020 y del 0,4% para 2021 (frente al 1,3%, el 1,1% y el superávit del 0,1%, respectivamente, previsto por el Gobierno anterior.
El Ejecutivo tiene garantizado el aval del Consejo de Política Fiscal dado que su voto cuenta un 50% mientras que el resto del peso se reparte entre las distintas autonomías, siete de las cuales gobierna el PSOE. Seis de ellas, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura, votaron a favor en la cita anterior, mientras que la Comunidad Valenciana se abstuvo, recuerda Servimedia, y Cantabria apoyó la moción. Las comunidades gobernadas por el PP votaron en contra. Para hoy se prevén resultados similares.
Superado este trámite, Montero prevé convocar mañana la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), que también integran el Ministerio de Política Territorial y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para fijar los objetivos presupuestarios de los entes locales. Un día después, el Consejo de Ministros dará luz verde a la nueva senda fiscal y será el Parlamento quien decida si prospera.
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