El Ministerio de Trabajo sigue exprimiendo los planes de choque que anunció contra los fraudes laborales. La inspección de trabajo, en dos días de agosto envió una avalancha de advertencias tras detectar casos sospechosos de fraude por abusar de la contratación temporal. En concreto, el 13 y el 14 de agosto, hizo llegar 22.000 nuevas comunicaciones a las empresas, según ha explicado hoy el departamento en un comunicado. Las que han recibido estas notificaciones, tienen un mes para solucionar la irregularidad detectada. Si no, llegarán las inspecciones a fondo. Este aluvión de notificaciones se suma a otras 50.000 que ya envió a principios de mes para instar a solucionar voluntariamente las irregularidades, en aquel caso, más vinculadas a empleados por cuenta propia que en realidad trabajan como falsos autónomos.
La batida no ha requerido de comprobaciones ni desplazamientos en persona. Para detectar posibles fraudes ha bastado con las herramientas informáticas. «Se ha detectado, a través de la Herramienta de lucha contra el Fraude y los correspondientes cruces de datos, que un relevante número de empresas incumplen presuntamente el plazo de contratación eventual de 12 meses en un período de 18. A este respecto se han remitido los días 13 y 14 de agosto 22.000 nuevas comunicaciones a empresas», señaló Trabajo.
La revisión de posibles fraudes es una de las primeras acciones relevantes del llamado Plan Director por un Trabajo Digno, una batería de 75 medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado 27 de julio. Como adelantó EL PAÍS, este proyecto incluye una batería de controles nuevos, algunos destinados a atajar los excesos en el mercado laboral. Además, incluía dos planes de choque en pleno agosto: uno precisamente destinado al fraude en la temporalidad —en el que se enmarcan las 22.000 notificaciones de este mes— y otra sobre los excesos cometidos usando contratos por horas o a media jornada.
El envío de las notificaciones es el fin de la primera fase. En una segunda fase, y una vez transcurrido un mes desde el envío de las comunicaciones, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social «analizará los datos y comportamientos de las citadas empresas, en concreto de aquellas que no han regularizado la situación descrita o han realizado alguna modificación en la situación de sus plantillas procediendo a la extinción de los contratos detectados en fraude de ley», avanza Trabajo.
En estos casos la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevará a cabo actuaciones a través de Inspectores/as y Subinspectores/as, «con el objeto de comprobar directamente si hay incumplimientos en estas materias». En aquellos supuestos en los que se compruebe que hay incumplimientos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social adoptará medidas legales.
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