El retraso en la transposición de la ley hipotecaria, que debía estar en vigor desde hace casi dos años y medio, puede acarrear una sanción de hasta 100 millones.
La amenaza de multa europea vuelve a cernirse sobre España, cuyo retraso en la transposición de la conocida como ley hipotecaria podría acarrear una sanción que, en el peor de los casos, se acercaría a los 100 millones de euros. La norma debía estar en vigor desde hace casi dos años y medio, pero la inestabilidad política y la parálisis parlamentaria por los cambios de Gobierno y las vacaciones estivales han acabado relegando el proyecto de reforma hasta ahora, cuando el «riesgo de multa» es inminente y podría hacerse efectivo «a partir de octubre», tal y como aseguran desde el Ministerio de Economía. El Gobierno español debería haber aprobado la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario -por su nombre técnico- antes del 21 de marzo de 2016, pero la existencia de un Gobierno en funciones en aquel momento, la tensión política con Cataluña después, la moción de censura que provocó el último cambio en La Moncloa y, finalmente, las vacaciones de verano, han frenado su desarrollo legislativo.
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