El año judicial arranca con el juicio por el procés de telón de fondo. Así se ha puesto de manifiesto en el discurso del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en el que ha destacado la «grave incertidumbre que recientes decisiones judiciales de otros Estados de la UE han generado al interpretar de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo», haciendo una evidente crítica a los obstáculos que desde Bélgica y Alemania se han puesto a la entrega de los líderes del ‘procés’.
En el acto de apertura, presidido por el Rey Felipe VI y con la presencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, Lesmes ha insistido en su apoyo a los jueces, al afirmar que los intentos de disgregación entre ley y democracia y democracia y poder judicial «lejos de debilitar a los jueces, reafirman su operatividad para responder con eficacia y absoluta independencia a las embestidas contra el marco amalgamador que representa la Constitución». En este sentido, ha declarado que la defensa de los jueces y magistrados sigue siendo una de las prioridades del Consejo General del Poder Judicial, una función que en la actualidad adquiere un mayor protagonismo dadas «algunas reacciones a decisiones judiciales que han desembocado incluso en ataques personales a magistrados».
Por otro lado, si bien Lesmes ha reconocido el carácter permeable de la Constitución a las transformaciones políticas y sociales ya que «no puede ser concebida como políticamente neutra, pues preserva la convivencia democrática», ha puntualizado que su reforma sólo puede realizarse por los mecanismos previstos en el propio acto constituyente. De modo que «cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse» ya que ello supondría «renunciar a la defensa de sus principios configuradores y del por pio Estado democrático y de Derecho» ha señalado.
Para finalizar su intervención, el presidente del Tribunal Supremo ha pedido un esfuerzo común a las instituciones «para que la sociedad encuentre motivos de adhesión a la Constitución».
Por su parte, la fiscal general del Estado, Maria José Segarra también se ha referido expresamente al problema catalán al final de su discurso, reafirmando el «inequívoco compromiso con el principio de legalidad» del Ministerio Fiscal frente al «desbordamiento del orden constitucional y estatutario» que vive Cataluña desde el año pasado. En este sentido, ha reafirmado su apoyo a los jueces y fiscales, en particular a los que están ejerciendo su labor en Cataluña, y ha subrayado que la ley está por encima de cualquier aspiración política, que siempre debe ser encauzada a través del ordenamiento jurídico. Asimismo, ha reivindicado la actuación del Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad “con absoluta autonomía”, en velada referencia a las suspicacias en torno al sometimiento a órdenes del Gobierno.
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