Los mecanismos extrarodinarios de financiación creados en 2012 han convertido al Estado en el mayor acreedor de las autonomías. Con los préstamos concedidos a través del FLA y del resto de fondos de auxilio financiero, la Administración central ha asumido el riesgo crediticio de los gobiernos regionales. Según los últimos datos certificados por el Banco de España -relativos al primer trimestre de 2018-, el Estado tiene en sus manos en torno al 60% de toda la deuda de las comunidades autónomas. Eso supone que éstas le deben a la Administración central unos 170.000 millones de euros.
Con esos mecanismos extraordinarios de financiación, las autonomías han ido utilizando el dinero que recibían del Estado para hacer frente a los vencimientos de deuda que habían adquirido tiempo atrás en los mercados ordinarios. Han refinanciado su cartera de deuda; de paso, la han engordado; y su prestamista principal ha pasado a ser el Estado, como demuestran los balances oficiales.
Las comunidades que más dinero le deben al Estado en cifra absoluta son, por este orden, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía: unos 54.000, 37.000 y 26.000 millones de euros respectivamente.
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