Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha detallado los puntos esenciales que reclamará al Gobierno en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, reclama elevar el Impuesto de Sociedades hasta el 20% para la banca, las empresas de hidrocarburos y las socimis, a las que pide retirar sus privilegios fiscales. Al tiempo, los mantiene en el 15% para el resto de grandes corporaciones.
El aumento en el Impuesto de Sociedades para la banca tendría una duración de cinco años con el objetivo de recuperar el dinero dedicado al rescate financiero durante la crisis. Esto se sumaría a un tributo sobre las transacciones financieras —la llamada tasa Tobin, a la que ha reducido el Ejecutivo de Sánchez sus planes para introducir nuevos impuestos a la banca— que suponen el 0,2?% a la compraventa de acciones y el 0,02% a las operaciones con derivados. Espera recaudar así 1.300 millones de euros al año, que se sumarán a los 5.800 millones (1.000 millones el primer año) que prevé que el Estado obtenga en los cinco años que suba Sociedades a la banca.
La ofensiva fiscal de Podemos también afecta a las tecnológicas, para las que plantea introducir un impuesto del 3% a las que facturen más de 750 millones al año. Iglesias también pide una tasa sobre las grandes fortunas (con un patrimonio superior a los 10 millones) del 1%. Ambas medidas tendrán, según Podemos, un impacto de 2.700 millones para el Estado (1.200 millones lo aportarán las tecnológicas y 1.500, las grandes fortunas).
Además, el documento remitido por Podemos defiende también eximir el 95% de las rentas obtenidas en el extranjero, así como exigir para ello que hayan estado sujetas a un impuesto similar al de sociedades español con un tipo efectivo de, al menos, el 15?%. Asimismo, plantea limitar a cuatro años el periodo en el que se permite la activación de las exenciones fiscales por pérdidas.
En cuanto a las Sicavs, la propuesta de Podemos establece ciertas limitaciones, si bien no pide su eliminación, como había reclamado antes la formación de Iglesias. Reclama que su control vuelva a manos de la Agencia Tributaria y se controle la figura del mariachi (un inversor fantasma que aparece solo sobre el papel para obtener beneficios fiscales) elevando al 5% el capital mínimo para cada socio.
En cuanto al IVA, exige al Gobierno bajar el IVA a determinados productos de primera necesidad, entre los que cita a las compresas y tampones, así como los servicios veterinarios. El documento también recoge el pacto que ya ha alcanzado con el Gobierno para elevar el IRPF a las rentas más altas, aunque rebaja el umbral mínimo para su aplicación hasta los 120.000 euros.
Paralelamente, ha exigido al Gobierno de Sánchez una ley anual tributaria, en la que eleve las medidas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal para controlar las grandes fortunas. Para ello ha propuesto la creación de una Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).
En materia de vivienda y para pinchar la burbuja del alquiler, ha propuesto obligar a los grandes tenedores de vivienda con más de diez pisos, a sacarlos al mercado del alquiler a un precio asequible y a que los ayuntamientos puedan poner un precio tope en determinadas áreas según las condiciones del piso.
Iglesias ha reiterado que los contratos de arrendamiento vuelvan a durar un mínimo de cinco años y de diez años si la propiedad es de una persona jurídica, y abogan por que la Administración recupere las viviendas que gobiernos anteriores (estatales, autonómicos o municipales) «malvendieron a la banca y a los fondos buitre».
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