El paquete de medidas de carácter urgente para aliviar la factura de la luz que avanzó la semana pasada la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, va tomando forma. Entre dichas medidas, que se incluirán en un próximo real decreto ley, figura un bloque dirigido a proteger a los consumidores en general (más allá de las estrictamente relacionadas con el bono social de la tarifa eléctrica). El objetivo del mismo es “optimizar la contratación del suministro eléctrico, con una información más transparente, y reducir así el coste de la factura”, indican fuentes próximas al Gobierno.
Según una de las disposiciones de la norma, a las que ha tenido acceso Cinco Días, se prohibirá a las comercializadoras contratar con los consumidores domésticos el suministro eléctrico en la modalidad “puerta a puerta”. Las citadas fuentes aseguran que esta decisión se ha adoptado a la vista del elevado número de reclamaciones que por estas prácticas han presentado los usuarios en los últimos años ante los organismos de consumo y la CNMC.
En 2017 se presentaron en la ventanilla del organismo supervisor 1,137 millones de reclamaciones contra las eléctricas. De aquellas, un 12% se referían a contratación y ventas, aunque entre las más numerosas, las relacionadas con facturación y cobro (el 52% del total), también subyacen denuncias por engaños en la contratación.
Como señaló Teresa Ribera en la comparecencia parlamentaria en la que resumió las líneas maestras del citado paquete de medidas, se aumentarán los actuales tramos de potencia contratada (un coste fijo en el recibo, en función del cual, se paga más o menos por el consumo) para adaptarlos a las necesidades de cada cliente.
Así, frente a la rigidez de los actuales escalones de potencia, de 1,1 kW (lo que se traduce en que el usuario solo pueda contratar 1,1; 2,2; 3,3; 4,4: 5,5 kW, etc.), se va a permitir que los domésticos puedan contratar su potencia en múltiplos de 0,1 kW. Se calcula que existe un exceso colosal de potencia contratada.
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