La Comisión del Pacto de Toledo –donde las fuerzas parlamentarias negocian las líneas generales de la próxima reforma de la Seguridad Social– ha logrado hoy cerrar un preacuerdo para pedir al Gobierno que revalorice las pensiones “en base al IPC real”.
Si bien, lo primero que hay que aclarar es que lo pactado hoy por PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, PdCat y Compromís, es una mera recomendación que el Gobierno debería usar como guía para desarrollar una modificación legal. Pero en ningún caso es un mandato vinculante.
Dicho esto, la citada recomendación parece sencilla y fácil de entender: los partidos aconsejan al Gobierno que las pensiones suban cada año lo que aumenten los precios. Pero el texto pactado esta tarde tiene letra pequeña. Existen numerosos matices, que fueron precisamente los que permitieron que, después de más de un año de enconadas negociaciones, ayer todas las fuerzas parlamentarias (excepto Esquerra Republicana) escenificaran un acuerdo con más o menos entusiasmo.
El primero de estos matices lo resaltaba el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps. “La revalorización de las pensiones hará en base al IPC y no conforme al IPC”, precisó el que también fuera secretario de Estado de la Seguridad Social. Así, dicho texto recoge que el IPC real “se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones” pero no de forma exclusiva.
De hecho, seguidamente, dos párrafos después llega un segundo matiz, que deja la puerta abierta a que el IPC no sea el único indicador que se utilice para garantizar el poder de compra. De hecho, los firmantes de este “acuerdo de mínimos” como también lo denominaron, consideran “esencial” recuperar el consenso de la fórmula acordada en el anterior Pacto de Toledo de 2011 para revalorizar las pensiones. Y esa fórmula aconsejaba claramente al Gobierno de turno “valorar la posibilidad de usar otros índices de revalorización como el crecimiento de los salarios o la evolución de la economía y las cotizaciones”.
De esta forma, aunque los partidos recomiendan que se use el IPC para revalorizar las pensiones y mantener así su poder adquisitivo, deja abierta la puerta a que se introduzcan otros indicadores. La utilización de otros indicadores posibilitaría, por ejemplo, que, según la evolución de la economía, los salarios o la salud financiera del sistema un año no se garantizara el poder adquisitivo, que sí podría garantizarse al término de un ciclo.
Hasta aquí la letra pequeña que ha permitido que se incorporasen al acuerdo los representantes del PP, Ciudadanos y PdCat fundamentalmente. Pero el texto introdujo también otras precisiones que contribuyeron a que Unidos Podemos se sumara al pacto. En concreto, la recomendación aconseja “la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro”. Fue la incorporación del término “social” además del financiero, la que propició el visto bueno de la formación morada.
Asimismo, y dado que tendrá que ser el Gobierno quien desarrolle legalmente esta recomendación, las fuerzas parlamentarias también acordaron ayer que “el desarrollo de lo establecido en esta recomendación deberá ser consultado y debatido en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo”.
Esto es un intento de control al Gobierno que esté en el poder en cada momento. Sin embargo, podría convertirse en una traba más a la hora de agilizar las reformas legales de la Seguridad Social, porque el Ejecutivo no está obligado en ningún caso a cumplir con lo que se acuerde o debata en la Comisión del Pacto de Toledo.
Dicho todo esto, los representantes de Unidos Podemos han atribuido el acuerdo a la presión ejercida por las manifestaciones de pensionistas que se han venido celebrando desde la primavera pasada. Es más, negaron categóricamente que estas manifestaciones vayan a parar ahora que se ha alcanzado este principio de acuerdo, hasta que el Gobierno no legisle en el sentido que demanda esta formación.
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