El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el controvertido real decreto ley por el que cede las competencias de emisión de licencias y de regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) a las comunidades autónomas. Equipara así niveles administrativos en la ordenación del taxi y de los servicios de Uber y Cabify, pero también abre la puerta a que la actividad de estos últimos quede muy limitada mediante la imposición de dobles licencias. En cuatro años, los actuales permisos de VTC solo servirán para traslados interurbanos. El Gobierno rechaza indemnizaciones, pero da por hecho la conflictividad judicial.
El nuevo real decreto ley limita la utilización de las actuales licencias de VTC a los traslados interurbanos y cede la emisión de licencias urbanas y la ordenación de las mismas a las comunidades autónomas, que a su vez podrán transferirlas a los ayuntamientos. Habrá sin embargo un periodo transitorio de cuatro años para la elaboración de las nuevas normativas autonómicas. La norma sí endurece de forma automática las sanciones por incumplimientos a los propietarios de licencias de VTC y permite a los ayuntamientos establecer normas acerca de horarios, movilidad o medio ambiente.
«El taxi desarrolla un servicio urbano y regulado por la administración autonómica y municipal. Las VTC están reguladas en cambio por el Estado y pueden realizar tanto actividades urbanas como interurbanas, mientras que el taxi solo puede trabajar en el ámbito urbano. Es una contradicción», explicó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para justificar la aprobación del real decreto ley. Hasta ahora, los ayuntamientos no han tenido «posibilidad de hacer política» en lo relacionado con Uber y Cabify. «El taxi y los VTC son en definitiva dos servicios de transporte que desempeñan actividades en el mismo ámbito y, sin embargo, tienen una fuente de regulación directa», añadió.
Para el ministro, no existe una transferencia de competencias porque «las comunidades autónomas ya tienen competencia sobre el transporte». De esta forma, resta importancia a algunas de las críticas acerca del encaje jurídico del real decreto ley. La transferencia de competencias debe realizarse mediante una ley orgánica y no por esta vía.
Ábalos también aludió a las indemnizaciones reclamadas por los VTC. El periodo transitorio de cuatro años tiene «naturaleza indemnizatoria» porque permite a los operadores adaptarse a la nueva situación. «Una autorización cuesta 39 euros. ¿Puede alguien pedir luego miles de euros de indemnización?», se preguntó. El sector de las VTC esgrime un informe de EY por el cual tendría derecho a indemnizaciones por importes de hasta más de 3.700 millones.
El ministro consideró «obvio» que habrá recursos de los propietarios de licencias. «El decreto está bien analizado por la Abogacía del Estado y está blindado jurídicamente. Todo el documento está apoyado en la doctrina del Tribunal Constitucional. Frente a argumentos de coloquio, una autorización no produce derecho de propiedad y sus condiciones de explotación de las mismas no tiene carácter indemnizable», afirmó.
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