Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de toda España han pedido «lealtad» a los poderes públicos. Los magistrados asumen la crítica de las actuaciones judiciales, que consideran «legítima y positiva en una sociedad democrática». Sin embargo, piden que «siempre que se realice con respeto y ponderación, especialmente cuando se efectúa por quienes ejercen cargos públicos, a la que en ocasiones se añade el propósito de desprestigiar a los jueces, deslegitima al Poder Judicial y afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y en el conjunto del sistema democrático».
Así lo han subrayado en las Jornadas Nacionales de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, que durante tres días han congregado en Burgos a los 17 máximos representantes de los tribunales autonómicos, han finalizado con un documento de conclusiones fruto de las mesas de trabajo celebradas. Los presidentes de los TSJ subrayan la importancia que en un Estado democrático tiene el Poder Judicial como uno de los pilares del Estado de Derecho y la necesidad de que sea reforzado institucionalmente.
Aseguran que la Constitución, como norma suprema del Estado, representa el marco de libertad y convivencia que nos dimos los españoles hace cuatro décadas y preserva nuestra democracia según el modelo elegido por el pueblo español. Por ello, reiteran el llamamiento a todos los poderes públicos a fin de que aseguren los medios y recursos que el Poder Judicial necesita para seguir cumpliendo con aquella misión. La modernización y adecuada dotación de la Justicia sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra democracia.
Los jueces subrayan que, transcurridos 14 años desde su creación, las Oficinas de Comunicación de los tribunales constituyen una aportación fundamental para satisfacer las exigencias de una auténtica política de comunicación del Poder Judicial. «Las crecientes exigencias de una información rigurosa, de una efectiva protección de datos personales y de una política de transparencia ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer el papel y los medios en dichas oficinas, al servicio del derecho de los ciudadanos a una información veraz, neutral, clara, objetiva, responsable y ágil, esencial en una sociedad democrática», aseveran.
«Las diversas cuestiones y dudas que suscita la dinámica de funcionamiento del acceso a esta información exigen revisar y actualizar el régimen normativo, especialmente en los procesos penales de interés público en sus fases de investigación y juicio. Mientras tanto, el Protocolo de Comunicación de la Justicia del CGPJ, constituye un marco de referencia a dichos fines», explican.
A su juicio, es preciso promover la idea de que, si bien la actuación en materia de comunicación en Justicia compete a los Gabinetes de Comunicación, es imprescindible la colaboración proactiva de los jueces y sus órganos de gobierno.
Ofrecen plena colaboración a los letrados de la Administración de Justicia en el cumplimiento de la responsabilidad que la normativa les asigna en la publicidad de las actuaciones y resoluciones judiciales. «Han de tener a su disposición los mecanismos y herramientas adecuados para cumplir con dicha obligación legal y salvaguardar la protección de los datos personales», aseguran.
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