La gran patronal CEOE despedirá el próximo día 21 de noviembre a su actual presidente, Juan Rosell. Ese día se celebrará la asamblea general en la que, según todas las expectativas, será sustituido por el único candidato hasta la fecha, el actual presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi.
Todo apunta por tanto a que esa asamblea general volverá a ser tan previsible como durante las décadas en las que en la patronal mandaba única y exclusivamente José María Cuevas, sin que nadie le disputara la presidencia. Nada parecido con lo que ocurrió tras el primer mandato de Rosell (entre 2010 y 2014) cuando el propio Garamendi ya intentó arrebatarle el puesto y no lo consiguió por apenas un puñado de votos.
Ayer, Rosell presentó ante la junta directiva de CEOE su balance de gestión durante los últimos ocho años, cuyos logros –entre los que presentó una quincena de pactos con los Gobiernos del PP y los sindicatos, destacando los tres grandes acuerdos de negociación colectiva con CC OO y UGT– han quedado deslucidos por el creciente clima de confrontación de los empresarios con el Gobierno socialista, sobre todo, tras la presentación de sus planes presupuestarios pactados con Unidos Podemos para 2019.
En la reunión de ayer, ningún empresario reprochó públicamente a Rosell el ninguneo del Ejecutivo hacia el empresariado del que sí se quejan en privado. Muy al contrario, las palabras con las que el previsiblemente futuro presidente de CEOE, Antonio Garamendi, agradeció la labor de Rosell durante estos ocho años, fueron recibidas con aplausos de los asistentes.
La patronal no oculta el malestar porque los presupuestos que ha diseñado el Gobierno junto a Unidos Podemos “no reflejan ninguna iniciativa para mejorar la gestión del gasto, sino que solo trata de compensarlos con más ingresos”, algo que ven” improbable” de conseguir en “un momento de clara desaceleración económica”.
“Los empresarios ya vieron cómo, hace diez años, la economía se fue al traste por tres o cuatro decisiones de política económica mal tomadas, y se teme que estemos en la misma situación”, aseguraban fuentes patronales.
Pero sus quejas más directas tienen que ver con el incremento del salario mínimo a 900 euros, que supondrá que tendrán que desembolsar por el incremento de las bases mínimas de cotización unos 1.500 millones de euros más, según las propias cuentas que el Ejecutivo ha mandado a Bruselas. Además de considerar que esta decisión supone una clara injerencia en la autonomía de patronal y sindicatos que dañará la paz social en la negociación de los convenios colectivos y el diálogo social entre empresarios y sindicatos, según refleja lo hablado ayer en la junta directiva.
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