La fórmula con la que el Gobierno pretende recaudar 850 millones de euros al año incluye también las acciones de compañías españolas que coticen en Estados Unidos. La misión es que el impuesto sobre transacciones financieras (ITF o tasa Tobin, en la jerga) no tenga fronteras. En el Ibex, al otro lado del Atlántico se negocian Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, las acciones B de Grifols –sin derechos de voto–, IAG y otras empresas.
También cotizan en otras Bolsas como la brasileña y la británica a través de certificados de depósitos. Estos se conocen como American Depositary Receipt (ADR) en Wall Street y Crest Depository Interests (CDI) en Reino Unido. Emplea ambas fórmulas, por ejemplo, Santander. También se negocian en Londres, y con más volumen que en España, las acciones de IAG, que mantiene la sede social en Madrid y que también deberían pagar.
El borrador de la norma especifica, que los certificados de depósito que representen acciones también están sometidos a tributación. El objetivo teórico es que no haya puntos de fuga en la recaudación del impuesto. Las empresas mencionadas están presentes en Wall Street con programas de ADR promovidos por ellas mismas. Su objetivo es facilitar la compra, tenencia y venta de títulos extranjeros por parte de inversores estadounidenses. Al tiempo son un soporte de financiación que les permitiría, llegado el caso, ampliar capital en EE UU.
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