El Ministerio de Trabajo pretende tener listo un plan de choque para el empleo juvenil. Las conversaciones del Departamento que dirige Magdalena Valerio con comunidades y agentes sociales están avanzadas. Entre las medidas que contempla, está la contratación de 3.000 orientadores que ayuden a los jóvenes a buscar empleo y busquen ofertas para ellos en el mercado laboral. También incluye la creación de un estatuto del becario, ayudas para los emigrantes que quieran regresar y reformas en la llamada Garantía Juvenil.
El plan se aplicará entre 2019 y 2021, y marca cinco objetivos, uno de ellos es reducir la tasa de paro entre menores de 30 años, ahora en el 28%, al 23,5%. Además, expone seis ejes de actuación. En el primero, la orientación, se inserta ese importante aumento de plantilla en el sistema público de empleo.
El paro juvenil ha sido uno de los grandes problemas del mercado laboral en la crisis. Y cuatro años después de que haya comenzado la recuperación, ahí sigue. Para afrontarlo, el Ministerio de Trabajo ultima un plan de choque junto a las comunidades autónomas, que son las que tendrán mayor responsabilidad en su ejecución al tener las competencias de las políticas activas de empleo, y los agentes sociales. Entre los 10 principios que lo rigen, está “mejorar la gestión del sistema de garantía juvenil”, un programa puesto en marcha en 2014, financiado por la Unión Europea hasta 2023, que tuvo un funcionamiento deficiente en sus primeros años.
En los dos borradores a los que ha tenido acceso este diario, la versión quinta y la octava, se observa que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente de Trabajo, pone sobre la mesa un catálogo de medidas en el que hay de todo: novedades respecto a iniciativas similares anteriores, como cuantificar los objetivos o poner en marcha un plan de retorno de jóvenes emigrados durante la crisis; el reciclaje de propuestas previstas por el anterior ejecutivo, como el contrato de relevo; o la recuperación de recursos que la crisis y sus recortes se llevaron por delante. Los portavoces oficiales del ministerio que dirige Valerio enfatizan, a modo de advertencia, que “todavía llegan aportaciones” de las contrapartes y la versión definitiva puede variar “bastante”.
3.000 orientadores para ayudar a buscar empleo. En el capítulo de recuperación de recursos se incluye la contratación de 3.000 orientadores laborales. Esta cifra coincide con la que había hasta 2012. Una de las primeras medidas anticrisis, todavía con Jesús Caldera al frente de Trabajo, fue financiar la contratación de 1.500 orientadores laborales por las comunidades autónomas. Con su sucesor, Celestino Corbacho, se duplicó el número. Pero estos puestos de trabajo no se consolidaron, así que cuando llegaron los recortes hace seis años, se rescindieron los contratos.
Un estatuto del becario y cuotas máximas de estudiantes en prácticas. El plan de choque contra el desempleo juvenil incluye también medidas contra los abusos que en ocasiones ejercen las empresas sobre los estudiantes en prácticas. “Se procederá a elaborar el estatuto del becario para integrar y regular derechos de las personas becarias y las prácticas no laborales, evitando la utilización de la figura como falsos becarios”, señala el proyecto. El objetivo, apunta el documento, es garantizar que los becarios no son en realidad trabajadores encubiertos y que su paso por la empresa tiene “carácter formativo”. Aseguran que tomarán como referencia a otros países (cita en concreto Francia).
Una plataforma para que regresen los que emigraron por la crisis. Una de las medidas novedosas de este plan de choque es la creación de programas de retorno de los jóvenes que emigraron durante la crisis. Para participar en estos programas, que estarán gestionados por la Secretaría de Estado de Migraciones, no se tendrá en cuenta la edad de la persona que solicite participar en ellos, sino que fuera joven en el momento de emigrar, señala el programa. Las iniciativas para incentivar a regresar a quienes salieron durante la crisis son «medidas de apoyo a la contratación, al autoempleo, a los gastos de desplazamiento y de primer alojamiento, así como proceso de acompañamiento».
Reforma para el sistema de Garantía Juvenil ante su éxito relativo. El Ministerio de Trabajo evalúa en su plan de choque contra el desempleo joven los resultados de la llamada Garantía Juvenil, un programa de inspiración y fondos europeos que se aprobó en 2014 y que garantiza a los menores de 30 años la obtención de un trabajo, unas prácticas o un curso. El compromiso era que los jóvenes inscritos debían ser atendidos en menos de cuatro meses.
El sistema ya nació cojo porque se inventó un registro distinto del de las oficinas de empleo para evitar que estos jóvenes se apuntasen también al paro. Durante un tiempo, eso provocó que el número de registrados fuese bajo. Al ver que se podían perder fondos comunitarios, el anterior Gobierno pisó el acelerador en 2016 para conseguir que se inscribiesen más. Ahora hay 1,2 millones registrados, una mejora sustancial. Sin embargo, Trabajo considera que este plan “precisa líneas de mejora cualitativa y cuantitativamente, que supongan un gran cambio y la orientación al éxito del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”, reza el documento. Y el primer gran fallo que detecta es que la mitad de los atendidos tiene que volver a ingresar en el sistema. “Las atenciones impartidas podrían no ser las adecuadas”, concluye.
Contratos bonificados. Resulta llamativa la ausencia de la iniciativa estrella que Ciudadanos propuso al Gobierno anterior y que estaba integrada en la Garantía Juvenil: el complemento o ayuda salarial de 430 euros, adicional al sueldo, para los jóvenes que firmaran un contrato de formación y, al mismo tiempo, estuvieran inscritos en ese programa. Esa medida tenía una partida presupuestada de 500 millones y entró en vigor en agosto. No fue fácil su puesta en marcha porque Bruselas, que la financia, no la veía con buenos ojos y tardó en darle su visto bueno. Además, siempre fue muy criticada por expertos, sindicatos y el PSOE. Para unos, el diseño de la ayuda iba a enfocar los recursos sobre un subgrupo de jóvenes que no lo necesitaba; para otros, iba a generar la distorsión de que un aprendiz acabara cobrando más, por el complemento, que quien tenía que enseñarle el oficio.
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