Los bancos tendrán que pagar por ley el impuesto de las hipotecas desde mañana. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley para reformar la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD). Se modificarán dos artículos de esta norma para que «con toda contundencia y toda claridad» los bancos asuman a partir de ahora esta tasa, según afirmó ayer la ministra portavoz, Isabel Celaá, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Este recargo no cogerá al sector por sorpresa, que, antes de que el Supremo volviera a la doctrina que ha imperado durante más de 20 años, ya había encarecido las hipotecas. El Gobierno incluirá un nuevo párrafo en el artículo 29 de la Ley del AJD para fijar que las entidades serán la parte que asuma el impuesto hipotecario. La modificación que se hará en el artículo 45, de carácter más técnico, añade un apartado para adaptar la redacción del texto. El AJD supone el 70% de los gastos para la formación de un crédito para comprar una vivienda y durante 23 años lo han asumido los hipotecados.
«El ciudadano no tendrá que pagar más este impuesto», proclamó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiterando el mensaje lanzado un día antes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La titular de Hacienda justificó la reforma legislativa por la vía de urgencia ante la «confusión generada en la sociedad» tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo. Para «vigilar que no se repercuta al consumidor», el Gobierno creará una autoridad de protección a clientes financieros que controlará que los bancos no incluyen nuevas cláusulas en las hipotecas como contrapartida al recargo del AJD.
No obstante, el Banco de España fija por ley que las entidades incluyan en los precios de sus productos un aumento de los costes para evitar las ventas a pérdidas. Desde 1995 el cliente ha pagado la tasa AJD, que recaudan las comunidades autónomas, pero el octubre pasado tres sentencias del Supremo obligaban a los bancos a asumir este coste. El Pleno de la Sala de Contencioso-Administrativo decidió el pasado martes por 15 votos a 13 volver al criterio anterior y fijar que el pago del impuesto recae sobre el cliente. El Gobierno se apoyó en la ajustada votación del Supremo para justificar el cambio normativo.
Y alegó que ahora introduce seguridad jurídica al mercado hipotecario, que en el último mes había sufrido cierto freno en la concesión de nuevas hipotecas. «Desde el respeto a la separación de poderes, lamentamos el cambio de criterio del Supremo, por lo que hoy le ha tocado hablar al poder ejecutivo, que vela por el interés general de los ciudadanos», indicó Montero.
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