Hacienda no puede argumentar un plan de control tributario para pedir los datos personales de todos los abogados y procuradores que han participado en procedimientos judiciales en un periodo de tiempo. Así lo establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una sentencia (accede aquí al texto) que estima el recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía contra el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dio el visto bueno parcial a la petición de la Agencia Tributaria. El único dato sensible que el CGPJ se negaba a dar era el del cliente de estos profesionales.
En su sentencia, el Supremo declara dicho informe contrario a derecho. La Sala argumenta que los planes de control tributario de Hacienda no justifican una solicitud global sobre la totalidad de los abogados como la realizada.
Dicho acuerdo, de 20 de julio de 2017, admitía la entrega de la información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016. La Comisión Permanente informaba favorablemente, de conformidad con un informe del Gabinete Técnico del Consejo, sobre la petición formulada por la Agenda Estatal de la Administración Tributaria relativa a la remisión de información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016, salvo en el dato que pretendía Hacienda relativo a la identificación del cliente.
Asimismo, la Comisión Permanente del CGPJ establecía la comunicación del acuerdo, junto con el informe del Gabinete Técnico, al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de los tribunales superiores de justicia para su conocimiento y difusión entre los órganos judiciales de ellos dependientes, “a los efectos de que, en atención a lo pedido por la AEAT, decidan sobre este requerimiento a la luz de las consideraciones recogidas en el expresado informe y en el aprobado por la Comisión Permanente del día 27 de julio de 2016, en su condición de responsables de los ficheros jurisdiccionales”.
Los datos de los que quería disponer Hacienda eran la identificación, referente a 2014,2015 y 2016, de cada abogado y procurador que hubiese intervenido en procesos judiciales en cualesquiera de los juzgados y tribunales con sede en cualquier parte del territorio nacional, con datos como fechas de inicio de su intervención en el procedimiento, importe en litigio o identificación del cliente (la remisión de este último dato fue informado en contra por el CGPJ).
Entre otros argumentos para considerar disconforme a derecho el acuerdo, el Supremo explica que los planes de control tributario de Hacienda de 2016 y 2017 no justificaban un requerimiento de información dirigido globalmente a la totalidad del colectivo de la Abogacía como es el que era objeto de controversia.
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