Las injerencias de los partidos políticos —acentuadas en las últimas semanas— han sumido al Poder Judicial en una crisis inédita. El magistrado Manuel Marchena renunció este martes a ser candidato a presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cargo para el que fue propuesto por el PP y el PSOE. La decisión de Marchena para defender su independencia dinamitó el pacto para renovar el CGPJ, que el Gobierno trata ahora de salvar.
Manuel Marchena apretó a primera hora de este martes el botón nuclear. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo renunciaba por sorpresa a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. A través de un comunicado, Marchena reaccionaba, sin mencionarlo, al mensaje de Whatsapp enviado el día anterior por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a 146 compañeros de su grupo parlamentario, en el que defendía la designación de Marchena como máximo representante del Poder Judicial.
En aquel mensaje, Cosidó destacaba la experiencia y la capacidad jurídica de Marchena y argumentaba que su nombramiento, pactado con el PSOE, permitiría controlar “desde detrás” salas clave del Supremo, como la propia Sala Segunda, de lo Penal, que juzgará en enero la causa por rebelión en el procés.
“Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”, recalcó Marchena en su comunicado de renuncia. “Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”, añadía la nota.
La designación del actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo como primera autoridad judicial española fue acordada hace nueve días por el Gobierno y el PP, y tratada como un hecho consumado. Y se hizo así pese a que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que serán los 20 vocales del CGPJ, nombrados por el Congreso y el Senado, los que elegirán al presidente en la sesión constitutiva del órgano.
Los dos partidos mayoritarios presentaron la renovación del órgano como un buen acuerdo político por el que el PP permitía una mayoría progresista en el Consejo a cambio de situar en la presidencia a Marchena, un jurista con fama de conservador, pero con enorme capacidad de diálogo y una solvencia técnica y jurídica reconocida por todos los sectores. Marchena ha sido por dos veces el candidato del PP para presidir el Poder Judicial.
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