Falciani confiesa que la visión nace de «la experiencia personal». Afincado en algún rincón del Levante desde hace años, la Audiencia Nacional ha rechazado su extradición a Suiza al no existir aquí el secreto profesional como figura legal y por el valor de los datos aportados para la investigación. Falciani disfruta de una suerte de calificación de testigo protegido por su colaboración con la Justicia para investigar a defraudadores, que ha permitido a la Agencia Tributaria recuperar cientos de millones de euros.
Cuando se le pregunta qué hace de España el mejor candidato para tal misión, Falciani defiende sin titubear el reparto regional de competencias, que hace posible a las comunidades autónomas fijar reglas garantistas y encuentra que la Agencia Valenciana Antifraude sería en germen perfecto para construirla.
«La característica prioritaria que yo elegiría sería el federalismo por el mismo motivo que en la tecnología blockchain puedes corromper uno, dos, tres nodos y, sin embargo, resultará más difícil, por simple cuestión matemática, corromper toda una red que es centralizada. Un nodo central corrompe a todos los nodos de un paso, pero el federalismo permite iniciativas como la que hemos observado en Valencia, donde se protegen a los denunciantes como nunca se hizo y no ha necesitado de una ley europea. Se votó en la Corte Valenciana, se aplicó y se protegió», relata.
«Tenemos la suerte de tener una agencia antifraude que ya está en marcha y ha demostrado su eficacia ¿Qué nos falta? Nada más. Se puede trasladar a las autonomías y compartir, por supuesto, sin hacer una centralización», continúa, convencido del sentido de articular su coordinación a través de un órgano centralizado volcado en facilitar la difusión de las mejores experiencias. «Cada federación tiene una experiencia específica, pero puede ser útil para las demás, y una agencia nacional podría tener ese rol de coordinar, no para disminuir el federalismo, sino para sostenerlo y extenderlo hacia otros países, dar un empujón hacia Europa».
La idea de incentivar las denuncias de prácticas irregulares que, en ocasiones, acaban en gigantescos fraudes y en otras ponen en riesgo la actividad de las empresas está en la agenda reformista de Europa, pero también de España. El mejor ejemplo de su promoción y uso es Estados Unidos, donde la justicia y organismos supervisores como la autoridad de los mercados de valores SEC destapan a menudo desfalcos y fraudes gracias a chivatazos.
Aquí, el Gobierno acaba de dar el último empujón para habilitar un canal de denuncias en el Banco de España sobre solvencia de las entidades financieras y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre prácticas ilícitas de conducta de mercado. Sobre la mesa está escalar esta iniciativa a un ámbito mucho más global ya que la Comisión Europea aprobó el pasado mes de abril la propuesta de una directiva para proteger a ‘whistleblowers’ de empresas y organismos públicos.
Escándalos como el de ‘los papeles de Panamá’ y los ‘de Paradise’, el caso de Cambridge Analytica y Facebook, el ‘Dieselgate’ o ‘LuxLeaks’ han convencido a Bruselas sobre el rol capital del filtrador para sacar a la luz gigantescos problemas.
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