Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, reunidos ayer en Bruselas, respaldaron la tesis de la Comisión Europea de que los planes presupuestarios del Gobierno de Pedro Sánchez se desvían «significativamente» de los objetivos a medio plazo e incumplen la meta pactada para reducir la deuda. En esta línea, el Eurogrupo insta al Ejecutivo a adoptar «todas las medidas adicionales necesarias» para asegurar que cumplirán con las normas fiscales europeas. En este mismo grupo se encuentran otros cuatro países: Bélgica, Francia, Portugal y Eslovenia. Y en otra liga distinta de incumplimiento, está Italia.
En el caso español, la UE exige a España que presente medidas de ajuste fiscal estructural (permanente y no encomendadas al ciclo económico) por un valor neto de 8.200 millones de euros. Aunque el plan que el Gobierno presentó a la Comisión el pasado 15 de octubre ofrecía tan solo 5.000 millones, la cifra entraba dentro del margen de flexibilidad tolerado por las reglas. El problema fue que cuando el Ejecutivo comunitario se puso a analizar en profundidad las cuentas detectó que el Ministerio de Hacienda había inflado las estimaciones de ingresos e infravalorado los gastos. Según los cálculos de la Comisión, el esfuerzo estructural real de las cuentas del Gobierno era cero.
Todo esto sitúa a España como el país del euro cuyo déficit fiscal estructural para 2019 está más alejado de su objetivo a medio plazo. Por encima incluso que el italiano. A eso se unen dos agravantes peligrosos: una deuda pública en niveles históricamente elevados, cercanos al 100% del PIB, y un alto riesgo para la sostenibilidad financiera a medio plazo, según el último informe de vigilancia de la deuda de la Comisión Europea, publicado en enero de 2018.
Estas tres características sitúan a España como uno de los países que generan mayor preocupación fiscal en la capital europea. Uno de los párrafos publicados ayer en una declaración del Eurogrupo es especialmente incómodo para el Gobierno de Sánchez. Aunque no cita a países concretos, los ministros del euro dejan claro que aquellos que más temor generan son los que cumplen alguno o varios de estos cinco criterios: los que violan sus objetivos fiscales a medio plazo, los que tienen unos elevados niveles de deuda pública, los que reducen esa deuda a un ritmo demasiado lento, los que no realizarán ningún esfuerzo estructural en 2019 y los que tienen elevados riesgos de sostenibilidad financiera a medio plazo. Pues bien, España cumple los cinco.
Para estos países, el Eurogrupo ve una «urgente necesidad de reconstruir los colchones fiscales»; advierte de que el ritmo lento de reducción de deuda pública es un «motivo de preocupación» y considera «preocupante» que no vaya a haber apenas esfuerzo estructural fiscal el año que viene. Esta advertencia del Eurogrupo se une a la que la semana pasada lanzaron la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE). Las dos instituciones advirtieron de los riesgos para el crecimiento económico de la incertidumbre política en España y de ciertas medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque Bruselas y Fráncfort hablan de varias medidas, cuando se trata concretar solo mencionan una: la subida del 23% del salario mínimo, hasta los 900 euros mensuales.
«Los riesgos para el crecimiento incluyen un menor crecimiento global (y de la UE), el proteccionismo y las tensiones comerciales, unos precios del petróleo y unos tipos de cambio del euro más elevados de lo previsto, incertidumbre política doméstica y externa, la política monetaria y la incertidumbre sobre el impacto macroeconómico de ciertas medidas políticas, como la propuesta de subir el salario mínimo», aseguran Comisión y BCE en el informe que han elaborado tras visitar España el 4 y 5 de octubre, dentro de la supervisión post-programa.
El documento, publicado el viernes de la semana pasada, se ha elaborado mucho antes de las elecciones autonómicas en Andalucía del domingo, por lo que el diagnóstico no incluye las posibles repercusiones políticas del hundimiento del Partido Socialista en uno de sus feudos históricos, ni la irrupción de la extrema derecha de Vox en el Parlamento andaluz.
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