Entre las medidas de lucha contra el cambio climático, que el Gobierno plasmará en varias normas antes de que termine el año, sigue figurando como una de las más relevantes las subastas de hasta 4.000 MW renovables que el Gobierno quiere celebrar entre 2019 y 2030. La electrificación de la economía, con el desarrollo del coche eléctrico, obligará a la descarbonización del parque de generación en 2050, con la desaparición de las centrales que utilizan combustibles fósiles (las de carbón y gas natural) y, por otros motivos, las nucleares.
Sin embargo, el procedimiento de las nuevas subastas será distinto al utilizado hasta ahora. Así, mientras en las tres pujas realizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, en los que la variable era la inversión (esto es, se adjudicaba la potencia a quien construyese las plantas con la menor inversión, que luego se le retribuía), en el nuevo mecanismo que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la variable será el precio. De esta manera, ganarán las subastas los que ofrezcan el precio más competitivo del kWh.
Fuentes del sector consideran que este criterio, que es el que se utiliza en todo el mundo, es más sencillo y transparente que el anterior y, sobre todo, evita la especulación. “Construir instalaciones por las que vas a recibir una retribución a la inversión no te garantiza que vayan a funcionar, pues el titular siempre va a cobrar, al margen de que genere o no”, señalan las mismas fuentes. Además, cobran el precio del mercado siempre que esté por encima de la oferta de la subasta, en que se retribución de la inversión y si está por debajo, se le compensa.
El futuro sistema de retribuir por precio ofrece más garantías y el inversor siempre va a cobrar el precio ofrecido: si en el mercado reciben más, devuelven la diferencia, y si reciben menos, se les compensa. El mecanismo, reivindicado por las asociaciones de fotovoltaicas (no tanto a las eléctricas), beneficiará al consumidor ahora que se prevén ofertas a la baja.
En el real decreto-ley de medidas urgentes del sector energético que el Gobierno tiene previsto aprobar antes de fin de año, sigue figurando el compromiso de impulsar la construcción anual de, al menos, 3.000 MW de renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, si bien, es probable que la cifra se amplíe a 4.000 MW ante la petición de Unidos Podemos. No obstante, la capacidad podrá ser revisada reglamentariamente en función de la evolución de los objetivos de descarbonización del sistema eléctrico.
Según el último borrador de la propuesta, en las subastas que se convoquen “el producto a subastar será la energía eléctrica a generar y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía”.
En las pujas se distinguirá entre distintas tecnologías de generación (eólica, solar, etc.) según sus características técnicas, su gestionabilidad, localización o madurez tecnológica y aquellos que garanticen la transición hacia la descarbonización. También se tendrá en cuenta proyectos ciudadanos participativos o los que promuevan la cohesión social o territorial.
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